El Parlamento controlado por el chavismo aprobó este una ley que impone severas sanciones para quienes respalden medidas internacionales contra el país.
Esta nueva legislación, conocida como la «Ley Libertador Simón Bolívar», incluye penas de 25 a 30 años de prisión, inhabilitaciones políticas de hasta 60 años, y multas de hasta un millón de dólares.
Una respuesta a las sanciones internacionales
La ley surge en un contexto de creciente presión internacional tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato (2025-2031), denunciada como fraudulenta por la oposición.
Edmundo González Urrutia, candidato opositor exiliado en España, fue reconocido como «presidente electo» por Washington, lo que avivó el conflicto diplomático.
El texto aprobado por la Asamblea Nacional establece que «toda persona que promueva, instigue, solicite, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas» contra Venezuela será castigada con las penas más altas previstas.
La normativa también permite juzgar en ausencia a quienes no se presenten en los tribunales.
Maduro defendió la ley, señalando que busca «poner orden frente a la actitud vendepatria» de quienes, según él, actúan como «lacayos del imperialismo».
Impacto en medios de comunicación y ciudadanos extranjeros
La legislación también apunta a los medios de comunicación, imponiendo multas y revocaciones de concesiones para aquellos que transmitan «propaganda» en favor de sanciones o mensajes que las promuevan.
Las redes sociales no están exentas, y quienes publiquen contenido en línea relacionado con sanciones también enfrentarán fuertes penalidades.
Los extranjeros acusados de respaldar sanciones podrían ser expulsados del país y ver sus bienes confiscados.
Contexto internacional: la ley BOLIVAR en Estados Unidos
La aprobación de esta legislación en Venezuela se da en respuesta a un proyecto de ley bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, denominado Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR, por sus siglas en inglés).
Este proyecto busca endurecer las sanciones contra el gobierno de Maduro, prohibiendo contratos con entidades vinculadas al régimen.
El gobierno venezolano calificó el uso del nombre de Simón Bolívar en la legislación estadounidense como una «ofensa» al prócer de la independencia, acusando a Washington de «ataques criminales».
Relaciones diplomáticas y sanciones energéticas
Las relaciones entre Caracas y Washington se mantienen rotas desde 2019, aunque las sanciones estadounidenses habían sido parcialmente flexibilizadas recientemente, permitiendo a empresas como Chevron operar en Venezuela.
Sin embargo, la polémica reelección de Maduro podría reactivar medidas más estrictas, especialmente con la posibilidad del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
«Si el imperialismo aprieta su marcha para tratar de hacerle daño a Venezuela, nosotros recontraapretamos la marcha», advirtió Maduro, subrayando su postura desafiante frente a las amenazas internacionales.
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