La movilidad eléctrica en Colombia sigue acelerando. En 2025 se vendieron cerca de 254 mil vehículos en el país, de los cuales 19 mil fueron eléctricos, según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible.
La tendencia confirma que el mercado avanza, pero también deja al descubierto un reto urgente: la infraestructura de carga en propiedades residenciales.
La llegada de nuevas marcas y modelos eléctricos ha disparado las solicitudes de instalación de cargadores individuales en edificios y conjuntos.
Sin embargo, el verdadero cuello de botella no es “comprar un cargador”, sino gestionar una infraestructura común con capacidad eléctrica limitada.
El problema está en el transformador
Cuando cada propietario instala su propio punto de carga, la presión recae sobre un mismo transformador y una misma acometida eléctrica, bienes comunes con capacidad finita.
El crecimiento de vehículos eléctricos no va al mismo ritmo que la expansión de la infraestructura interna de los conjuntos residenciales.
“Llegará un momento en el que no cabrán más instalaciones por capacidad eléctrica. Coordinar quién puede cargar y quién no sería tan complejo como decidir quién puede usar la piscina y quién no”, advierte Pablo Gaviria, líder de Movilidad Eléctrica de Erco Energía.
Algunas copropiedades ya han comenzado a prohibir cargadores individuales, mientras que otras nunca los autorizaron, anticipando el impacto sobre la red interna.
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La carga en casa domina… pero necesita orden
La experiencia internacional confirma que la carga residencial es clave. Estudios del National Renewable Energy Laboratory (NREL) en Estados Unidos indican que más del 80 % de los conductores de vehículos eléctricos cargan principalmente en casa. En Reino Unido la cifra ronda el 76 %, y en Noruega, uno de los mercados más maduros, alcanza el 81 %.
El desafío, entonces, no es evitar la carga en casa, sino organizarla.
Estaciones comunitarias: una solución equitativa
La alternativa que empieza a ganar fuerza es la estación de carga comunitaria. Opera igual que un cargador particular, pero centraliza la infraestructura, permite el control de potencia y establece reglas claras de uso para todos los residentes.
Este modelo reduce el riesgo de sobrecarga en transformadores y subestaciones, facilita la gestión técnica y promueve condiciones equitativas entre copropietarios.
“Hay soluciones de balanceo de carga en el mercado, pero requieren gestión integrada. La opción más simple y justa para todos son las estaciones comunitarias”, explica Gaviria.
Tema obligatorio en las asambleas de 2026
Con el crecimiento sostenido de la movilidad eléctrica, el debate ya no es opcional. En las asambleas de copropietarios de 2026, la infraestructura de carga deberá estar en la agenda.
El auge de los vehículos eléctricos es una buena noticia para la transición energética, pero sin planificación podría convertirse en un dolor de cabeza para edificios y conjuntos residenciales.
