La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), capturó a alias «El Socio» uno de los hackers más buscados en Sur América.
Además, la fuerza pública aprehendió a tres integrantes más quienes pertenecen, junto a «El Socio» al Grupo de Delincuencia Común Organizada “Los Ilegales”, responsables de una red de clonación de tarjetas bancarias con operaciones en Medellín, Itagüí y Bogotá, así como en otros países de América Latina.
La operación, desarrollada tras ocho meses de investigación estructural, permitió la ejecución de seis diligencias de allanamiento y registro, donde fueron incautados un revólver Smith & Wesson calibre 32, un arma traumática, seis cartuchos del mismo calibre, cinco teléfonos celulares, una tableta, tres computadores, tres memorias USB, 15 tarjetas clonadas en blanco, tres cascos de motocicleta, una motocicleta y 3.813 dólares en efectivo.
Los capturados fueron identificados por las autoridades como alias “El Socio”, alias “Mafe”, alias “Juli” y alias “Mari”.
Según la investigación, alias El Socio, considerado uno de los hackers más buscados en Suramérica durante 2024, fungía como segundo cabecilla de la estructura criminal y era experto en la instalación de dispositivos electrónicos para la clonación de tarjetas en cajeros automáticos.
Por su parte, alias Mafe era la encargada de administrar el desbloqueo de tarjetas y claves utilizadas para retiros fraudulentos, mientras que alias Juli y alias Mari se ocupaban de realizar compras y retiros con las tarjetas clonadas.
De acuerdo con la SIJIN, el grupo empleaba la técnica conocida como “skimming”, consistente en la instalación de lectores electrónicos y microcámaras en cajeros automáticos para capturar los datos y contraseñas de los usuarios.
Con esta información, fabricaban tarjetas falsas que posteriormente eran utilizadas en compras y retiros no autorizados.
La red delictiva extendía su accionar a nivel internacional, con operaciones detectadas en República Dominicana, El Salvador, Chile, Panamá y Colombia.
Las investigaciones se originaron tras una denuncia penal interpuesta por dos entidades comerciales, que alertaron sobre la instalación de dispositivos ilegales en sus cajeros automáticos.
Hasta el momento, las autoridades han logrado establecer la existencia de 81 víctimas de esta organización, con un perjuicio económico estimado en 130 millones de pesos.
Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en el proceso judicial por los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y uso de documento falso.
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