A solo días del fallo más esperado en la historia judicial reciente de Colombia, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se acerca a su desenlace definitivo.
Este lunes 28 de julio, a las 8:30 a.m., la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, leerá su veredicto tras un juicio sin precedentes que podría concluir con una absolución o una condena por fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno.
Durante 67 jornadas de audiencias iniciadas en febrero, la Fiscalía y la defensa presentaron intensos alegatos en un proceso calificado por muchos como “el juicio del siglo”, al tratarse del primer proceso penal contra un exmandatario colombiano.
Una investigación que comenzó hace más de una década
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos.
Sin embargo, en un giro judicial trascendental, la Corte Suprema de Justicia no solo archivó la investigación contra Cepeda en 2018, sino que abrió una nueva, esta vez contra el denunciante.
En octubre de 2019, Uribe rindió indagatoria ante el alto tribunal. Posteriormente, el 4 de agosto de 2020, se le impuso medida de aseguramiento domiciliaria.
Días después, renunció a su curul en el Senado, lo que llevó el proceso a la Fiscalía General.
Bajo tres fiscales distintos, el caso avanzó en medio de controversias hasta que, en abril de 2024, la fiscal Luz Adriana Camargo presentó formalmente la acusación.
El juicio: testigos, ausencias y acusaciones
La Fiscalía presentó 36 testigos, encabezados por Iván Cepeda, seguido por los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes, según el ente acusador, fueron presionados por el abogado Diego Cadena —supuestamente a nombre de Uribe— para cambiar sus declaraciones.
La defensa, por su parte, citó 55 testigos, entre ellos el hermano del expresidente, Santiago Uribe, el exministro Andrés Felipe Arias y miembros de su equipo legislativo.
No obstante, algunos actores clave nunca comparecieron. Cadena y su socio Juan José Salazar guardaron silencio.
Enrique Pardo Hasche, mediador entre Monsalve y Cadena, no testificó. Tampoco lo hicieron familiares de Monsalve ni el empresario Juan Guillermo Villegas, cercano a Uribe.
Los argumentos de la Fiscalía
La fiscal Marlene Orjuela solicitó fallo condenatorio al considerar que Uribe fue el “determinador” de una red que buscaba alterar testimonios clave.
Destacó una grabación del 22 de febrero de 2018 en la cárcel La Picota, donde Cadena ofrece ayuda legal a Monsalve, en lo que considera una presión indebida.
Adicionalmente, presentó interceptaciones que, según la Fiscalía, evidencian que Cadena actuaba bajo la dirección de Uribe.
“Proceda, abogado, proceda”, habría respondido el exsenador ante la propuesta de Cadena de contactar testigos.
Se suman pagos por 25 millones de pesos a dos reclusos, cartas manipuladas en la cárcel de Cómbita y reuniones extrajudiciales, que para la Fiscalía demuestran una estrategia coordinada para influir indebidamente en la justicia.
La defensa: interceptaciones ilegales y falta de conocimiento
Los abogados del expresidente, encabezados por Jaime Granados y Jaime Lombana, alegan que las interceptaciones fueron irregulares y violaron la privacidad de Uribe y la reserva abogado-cliente.
“Se violentó el debido proceso”, argumentaron, solicitando excluir todas las pruebas que surgieron de esas llamadas.
También cuestionaron la legalidad de la grabación con el reloj espía y la veracidad de los testimonios de exparamilitares, en especial el de Monsalve, a quien tildan de mentiroso favorecido.
Granados enfatizó que Uribe no conocía los pagos ni el contenido de las cartas enviadas por reclusos y que no existió intención dolosa de alterar pruebas: “Hubo una mala interpretación de los hechos, pero no un delito”, dijo.
La voz de Uribe y las reacciones políticas
En su última intervención, Álvaro Uribe pidió su absolución: “Yo no busqué testigos, pedí verificaciones. No autoricé pagos ni montajes. Pido que se haga justicia”, afirmó con la voz entrecortada.
También arremetió contra Iván Cepeda, a quien acusó de haber manipulado el caso con apariencia de defensor de derechos humanos: “Yo también tengo derecho a los derechos humanos”.
Cepeda respondió que “la verdad está de nuestro lado” y que la eventual condena del expresidente demostraría que nadie está por encima de la justicia.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, se pronunció sobre el rol de la juez, sin referirse directamente al caso: “Quien ejerce el oficio de juez debe actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea”.
Uribe, visiblemente molesto, replicó en redes sociales: “Deje el vicio de mentir”, recordando una publicación anterior en la que Petro había mencionado el caso Cepeda-Uribe.
Una decisión que marcará historia
El país se encuentra en vilo ante el fallo del próximo lunes. Mientras sectores políticos y sociales se dividen entre quienes exigen justicia y quienes claman por la inocencia del exmandatario, una sola voz tendrá la última palabra: la de la juez Sandra Heredia.
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