La Fiscalía General de la Nación imputó a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, dentro de una investigación relacionada con seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
De acuerdo con la Fiscalía, los contratos superaron los $17.656 millones y Quintero habría intervenido en su direccionamiento, pese a no ser funcionario ni contratista del Área Metropolitana.
La hipótesis del ente investigador apunta a que habría impartido instrucciones a funcionarios para favorecer determinadas contrataciones y establecer pagos equivalentes al 15 % de los recursos.
Chats, contratos y movimientos de dinero
Entre los elementos mencionados en el proceso aparecen chats, reuniones y documentos relacionados con la contratación.
La Fiscalía sostiene que estas evidencias mostrarían comunicaciones en las que Quintero habría recomendado personas para ocupar cargos o participar en contratos y habría intervenido en decisiones administrativas.
La investigación también señala un presunto detrimento superior a $2.481 millones, relacionado con los seis contratos.
Según lo expuesto durante la audiencia, parte de los recursos habría sido distribuida mediante pagos fraccionados y otras operaciones que son materia de investigación.
Uno de los nombres centrales del expediente es Misael Alberto Cadavid Jaramillo, representante legal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y testigo dentro del proceso.
La Fiscalía sostiene que hubo reuniones en las que se habría definido el porcentaje de dinero que presuntamente sería apropiado.
Un proceso que sigue en los tribunales
La abogada Gloria Jaramillo, quien ha investigado presuntas irregularidades de la administración de Daniel Quintero y es coautora del libro Medellín ya no les pertenece, le señaló a RCN Radio que los chats serían una de las principales evidencias sobre la supuesta injerencia de Miguel Quintero.
Estas afirmaciones corresponden a su interpretación de las pruebas y del expediente.
Miguel Quintero, por su parte, se declaró inocente durante la audiencia de imputación. El caso continúa en la justicia y será el proceso judicial el que determine la responsabilidad penal del acusado.
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