El presidente Gustavo Petro sorprendió al país con un nuevo anuncio: en las próximas elecciones los colombianos recibirán una papeleta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
La propuesta fue comunicada a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde también informó que, tras la aprobación de la reforma laboral por parte del Congreso, será derogado el decreto que convocaba a una consulta popular.
“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria. El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo. El constituyente ha sido ya convocado desde la Presidencia. Creo que es necesaria esa convocatoria, la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria”, escribió el jefe de Estado.
El pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años, cuando en la constitución se ordenó hacer una ley del estatuto del trabajo, orden desde entonces incumplida.
Se que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora, en la que me crie como…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2025
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En el mismo mensaje, Petro expresó que espera que millones de ciudadanos respalden esta iniciativa en las urnas: “Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”.
Reacciones jurídicas: un camino sin sustento constitucional
La propuesta del mandatario fue recibida con escepticismo por parte de expertos en derecho constitucional, quienes advirtieron que no se ajusta a los mecanismos legales vigentes. Juan Manuel Charry, reconocido jurista, calificó la idea como inviable dentro del actual ordenamiento jurídico.
“Para convocar una asamblea constituyente se requiere una ley aprobada por mayorías absolutas en Cámara y Senado, donde se establezca la composición, el periodo y los temas a tratar. Esa ley está sujeta a control previo de la Corte Constitucional, y la elección de los constituyentes debe cumplir con un umbral del 33 % del censo electoral”, explicó Charry. “Pretender replicar lo de la séptima papeleta de 1990 es un error, hoy no hay cabida legal para eso”.
En la misma línea se pronunció el abogado Germán Calderón, quien insistió en que la vía de una papeleta adicional en elecciones no cumple con los requisitos constitucionales: “No hay tiempos ni herramientas para hacerlo así. Incluso si la iniciativa proviene del pueblo, debe tramitarse a través del Congreso y ser objeto de control previo por parte de la Corte Constitucional”.
El recuerdo de la séptima papeleta y sus diferencias con la actualidad
El exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez también entró en el debate, recordando las particularidades del proceso constituyente de 1990, que derivó en la actual Constitución.
“Lo de las papeletas ya no existe. En esa época se actuó en el marco del estado de sitio, y con una Corte Suprema que avaló la medida. Hoy, en 2025, no hay ninguna posibilidad legal para que el presidente por decreto active un proceso constituyente. No se puede introducir una papeleta ni un tarjetón adicional sin pasar por el Congreso”.
Gómez Méndez fue enfático: “No hay ningún atajo para reformar la Constitución. Las reglas están claras y deben cumplirse, especialmente por quien representa al Estado”.
La propuesta presidencial ha generado una fuerte controversia jurídica y política. Mientras desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de una transformación estructural del país que involucre al pueblo directamente, los analistas advierten que este planteamiento podría tensar aún más las relaciones entre las ramas del poder público.
La Constitución de 1991 estableció mecanismos rigurosos para su modificación, justamente para evitar que cambios de esta magnitud se impulsen sin el debido consenso institucional.
En ese contexto, la iniciativa del presidente Petro se perfila como un nuevo episodio de confrontación entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia.
