Una intensa controversia sacudió este fin de semana a Medellín tras la concentración liderada por el presidente Gustavo Petro y su gabinete en la emblemática plazoleta de La Alpujarra.
Lo que estaba anunciado como un acto de carácter institucional terminó por convertirse en el centro de una tormenta política y judicial, luego de que al menos nueve reconocidos cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá subieran a la tarima para leer un comunicado en representación de estos grupos.
Los jefes delincuenciales, actualmente excarcelados, ofrecieron un balance de lo que denominaron “avances del proceso de paz urbana” promovido por el Gobierno nacional desde hace dos años.
Sin embargo, su participación pública desató fuertes críticas debido a su historial delictivo y al impacto que ha tenido su accionar en barrios populares de Medellín y municipios aledaños.
Pero lo que más encendió el debate fue la propuesta planteada por el presidente Petro durante su intervención.
El mandatario propuso que la Fiscalía General de la Nación evalúe posibles beneficios jurídicos para estas estructuras, bajo el compromiso de su desarme total y definitivo.
Según Petro, se trataría de un mecanismo para desarticular las redes criminales desde adentro, bajo los marcos legales vigentes.
“Mi propuesta consiste en que la fiscal general, no la he invitado porque está fuera del país, creo, y yo, como presidente de Colombia, vayamos a la cárcel a examinar, bajo las normas legales existentes, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, hombres y mujeres de los barrios, y de la extorsión y la ayuda al traqueteo”, declaró el jefe de Estado ante cientos de asistentes.

Como era previsible, la propuesta generó inmediatas reacciones de rechazo en sectores políticos, en especial dentro del departamento de Antioquia.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros en pronunciarse, acusando al mandatario de pactar con estructuras del crimen organizado.
“Petro nos pone la lápida. Está en Medellín para juntarse con los jefes de la mafia que nosotros capturamos, con los jefes de las estructuras criminales para amenazarnos. Mientras yo los combato, él los premia. Petro es el único responsable si algo me pasa”, denunció el alcalde a través de su cuenta de X (antes Twitter).
A su voz se sumó la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien calificó el evento como una traición a las víctimas y una afrenta directa a la fuerza pública.
“Dime con quién andas y te diré quién eres. El presidente Petro vino a la capital de Antioquia a rodearse de criminales. Esto es una afrenta, una humillación a las víctimas. Una traición al Ejército y a la Policía Nacional. Los antioqueños cuentan con su alcalde y con su gobernador. En Antioquia no nos dejamos doblegar”, aseguró.
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