El sistema de salud colombiano terminó el gobierno de Gustavo Petro con más de un millón de personas por fuera de la cobertura, un aumento histórico en las quejas de los usuarios y una crisis financiera que sigue afectando a EPS e IPS, según el informe «Corte de cuentas del sector salud 2022-2026», elaborado por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud.
El estudio señala que la cobertura de afiliación pasó de 99,61 % en junio de 2022 a 98,23 % en enero de 2026, lo que representa que más de un millón de colombianos dejaron de estar afiliados al sistema de salud.
Disminuyó el acceso a servicios de salud
El informe también evidencia una reducción en la atención médica durante el cuatrienio. Tras alcanzar un pico de 17,9 millones de consultas ambulatorias en el primer semestre de 2024, la cifra cayó a 13,7 millones al cierre de 2025, acompañada por una disminución en los servicios de urgencias y hospitalización.
Además, durante el periodo fueron intervenidas nueve EPS, entre ellas Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y Coosalud, mientras persistieron problemas de liquidez y retrasos en los pagos a prestadores de salud.
Aumentaron los recursos, pero también el déficit
Aunque el presupuesto administrado por la Adres creció de $73,8 billones en 2022 a $114,9 billones en 2026, un incremento nominal del 55,7 %, el informe concluye que el aumento de recursos no mejoró la sostenibilidad financiera del sistema.
Los investigadores advierten que continuaron los déficits, las deudas y los retrasos en los giros, afectando la operación de EPS, IPS y proveedores.
Récord de quejas y tutelas
El documento también revela que 2025 registró el mayor número de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) desde la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con 2,04 millones de solicitudes, de las cuales el 60 % correspondieron a EPS intervenidas.
A esto se suma un récord de 312.573 acciones de tutela relacionadas con el derecho a la salud, casi el doble de las registradas en 2022.
Finalmente, el informe advierte que Colombia mantiene una infraestructura hospitalaria limitada, con 1,9 camas por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio de los países de la Ocde, y alerta sobre la reducción de camas destinadas a la atención materna y neonatal.
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