En medio del debate jurídico por la declaratoria de emergencia económica del Gobierno, tras el hundimiento de la reforma tributaria, el Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá admitió para estudio una acción de tutela contra el decreto que declaró este estado de excepción.
La decisión, contenida en el Auto de Sustanciación No. 830, responde a una tutela presentada por la senadora Paloma Valencia y el presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la Dian, por una presunta vulneración de derechos fundamentales.
El juez también vinculó a la Corte Constitucional y al Congreso para que se pronuncien y aporten información sobre los hechos.
El despacho ordenó a las entidades accionadas responder en un plazo improrrogable de 24 horas, advirtiendo que, de no hacerlo, los hechos podrían darse por ciertos, conforme al Decreto 2591 de 1991.
Sin embargo, el juez negó la solicitud de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica.
Según la providencia, no se evidenció un perjuicio irremediable que justificara una medida urgente, pues los argumentos presentados se basan en hipótesis sobre posibles efectos futuros y no en daños ciertos e inminentes.
Además, recalcó la necesidad de garantizar el derecho de defensa de las entidades demandadas antes de adoptar decisiones de fondo.
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