Desde el gobierno nacional, y tras el hundimiento de la reforma a la Salud se ha iniciado una campaña para tratar de implementar la reforma por las vías de hecho. En medio de ese panorama el presidente Gustavo Petro ha hablado de daño patrimonial por parte de las EPS que rondarían los $9,3 billones. ¿Qué sustento tiene esta información?
Y es que el lunes el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, se reunió a puerta cerrada con los representantes de las EPS para hacerles entrega del informe preliminar que prepara la entidad sobre el estado financiero de las empresas prestadoras de Salud, y que, además, sería una de las razones de las intervenciones de la Superintendencia de Salud a varias entidades.
La entrega del informe preliminar buscaba que las EPS pudieran enviar sus apreciaciones al informe así como aclaraciones sobre algunas de las conclusiones a las que había llegado la Contraloría.
Sin embargo, y gracias a la carta entregada por las Empresas de Salud al ente de control se conoció que el informe preliminar tiene errores que serían los que estarían generando la conclusión de un daño patrimonial de $9,3 billones, entre lo que estaría lo que adeudan a IPS como Clínicas y Hospitales.
Según las conclusiones del informe preliminar, parte de los recursos entregados por estado a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que hace parte de los pagos que asume el gobierno nacional para atender la salud de los colombianos, habrían sido destinados para fines diferentes a los establecidos.
Según ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) el informe preliminar es una presentación en power point, de 36 diapositivas, que no va acompañada de ningún documento escrito ni sustentación de fondo a las conclusiones allí consignadas.
En este informa la Contraloría habría utilizado lo que se conoce como Plan Único de Cuentas, incluido en un proyecto de resolución de la Superintendencia de Salud en el 2016, que jamás fue expedido, y que no sigue a la clasificación contable vigente que sirve de guía para que las EPS presenten sus estados financieros.
Dentro de la carta entregada por las EPS se relaciona una serie de cifras consignadas por la Contraloría y que no corresponden a los estados contables entregados por las entidades a la Supersalud, y que debería ser el documento base para el análisis contable entregado por el ente de control.
Según ACEMI, las cifras y los ítems no coinciden y parecen haber sido trastocados por lo que los datos finales contables no corresponderían a la realidad.
A pesar de este documento entregado por las EPS, el presidente Gustavo Petro sigue utilizando la cifra de $9,3 billones para fortalecer el discurso de que las entidades de salud se han dedicado a robarse la salud de los colombianos.
