La Procuraduría General de la Nación ha formulado un pliego de cargos contra cuatro exediles de la comuna 90 – Santa Elena, por presuntas irregularidades en la expedición de un acuerdo local que habría beneficiado indebidamente a personas no residentes del corregimiento.
Los investigados, Sandra Marisa Patiño Soto, Víctor Julio Hernández, Carolina Mejía Sierra y Parménides Erazo Bahos, ocuparon sus cargos durante el periodo 2020-2023 y ahora enfrentan un proceso disciplinario por extralimitación de funciones.
Según la investigación, los exediles habrían aprobado el Acuerdo Local 002 del 30 de noviembre de 2021, a través del cual se otorgaron certificados de residencia a habitantes de otros municipios para efectos de educación.
Esta decisión permitió que personas de Bello, Copacabana, Guarne, Rionegro, El Retiro y Envigado pudieran acceder a recursos del presupuesto participativo de Medellín, un beneficio reservado exclusivamente para quienes culminaron su bachillerato en instituciones educativas de Santa Elena.
Adicionalmente, la Procuraduría señaló como irregular que, mediante este acto administrativo, los exediles asumieran la facultad de aprobar los certificados de residencia emitidos por las Juntas de Acción Comunal (JAC) y la Inspección de Policía, competencia que no les correspondía legalmente.
Por estos hechos, la entidad calificó provisionalmente la conducta como grave a título de dolo, al considerar que los implicados actuaron con pleno conocimiento de sus acciones y sus eventuales consecuencias.
La investigación continuará su curso para determinar las responsabilidades y posibles sanciones correspondientes.
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