La controversia sobre la legalidad de entregar la base de datos de clientes de Empresas Públicas de Medellín (EPM) a la Gobernación de Antioquia ha llegado a su fin.
El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Federico Gutiérrez, confirmó que la empresa de servicios públicos cumplirá con la ley y suministrará la información requerida para aplicar el cobro de la tasa de seguridad aprobada por la Asamblea Departamental.
Aunque EPM se ha negado a recaudar el impuesto, Gutiérrez aseguró que la información será entregada bajo estrictas condiciones de confidencialidad y protección de datos.
«Nadie está por encima de la ley. EPM debe entregar la información con las garantías necesarias», afirmó el mandatario.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que hasta la semana pasada el recaudo ascendía a 3 mil millones de pesos a través de 13 empresas comercializadoras de energía.
Mientras tanto, la legalidad del cobro sigue en disputa. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una nueva demanda contra la tasa de seguridad, la tercera en curso, presentada por José Manuel Martínez Holguín, sumándose a las acciones de los diputados Luis Eduardo Peláez y Manuel García.
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