La incertidumbre en torno a la continuidad del servicio de expedición de pasaportes en Colombia ha crecido luego de que el procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa, advirtiera que la implementación del nuevo operador estatal tomará al menos siete meses, siempre y cuando se suscriba un contrato entre la Cancillería y la Imprenta Nacional.
A la fecha, ese convenio aún no existe.
Durante una reciente inspección preventiva realizada por la Procuraduría General de la Nación a la Cancillería y a la Imprenta Nacional, se reveló que el nuevo operador no cuenta con la preparación técnica ni logística necesaria para asumir la fabricación de los pasaportes.
“Hoy no tienen la preparación para eso”, sentenció Melgosa, quien además señaló que no existe un acuerdo formal que autorice el inicio del proceso.
El tiempo estimado para la transición fue definido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que desde 2022 establece que cualquier cambio en el operador de documentos de viaje debe cumplir un periodo mínimo de siete meses, debido a exigencias de seguridad, instalación de tecnología especializada y entrenamiento del personal.
Sin contrato a menos de dos meses del vencimiento
Uno de los puntos más preocupantes del informe es que el contrato interinstitucional entre la Cancillería y la Imprenta Nacional no ha sido firmado, a pesar de que el actual acuerdo con el proveedor vigente está a punto de expirar.
Melgosa insistió en que el proceso ha estado marcado por la improvisación y la falta de planeación desde hace varios años.
El cambio de operador se produjo luego de que se declarara desierta la licitación del año pasado, que contaba con un único oferente, Thomas Greg & Sons.
Desde entonces, el proceso se ha tornado confuso, particularmente por la intervención del Gobierno de Portugal, que busca que la Casa de la Moneda portuguesa se encargue de la producción de los pasaportes.
Portugal en el proceso: ¿quién tomó la decisión?
La inclusión del Gobierno portugués como intermediario ha generado cuestionamientos en cuanto a la transparencia del proceso.
La Procuraduría indicó que no existe documentación clara sobre cómo se tomó la decisión ni quién la propuso, lo que podría configurar posibles irregularidades en el marco del Estatuto General de Contratación Pública.
“Eso lo tiene que explicar la Cancillería”, afirmó Melgosa a Mañanas Blu, dejando entrever que el organismo está evaluando posibles faltas disciplinarias por el manejo del proceso.
Miles de ciudadanos en vilo
Con el futuro del contrato aún sin definir y un proceso de implementación que requiere al menos siete meses, el país podría enfrentar una suspensión parcial o total en la expedición de pasaportes a partir de septiembre.
Este escenario pondría en riesgo la realización de trámites internacionales, viajes programados y procesos migratorios de miles de colombianos.
La Procuraduría anunció que mantendrá una vigilancia estricta sobre el desarrollo del proceso y reiteró que su prioridad es asegurar que el servicio no se vea interrumpido.
“El Estado debe garantizar el acceso a este documento, que es un derecho fundamental para los ciudadanos”, concluyó Melgosa.
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