El proceso judicial contra el exsenador liberal Julián Bedoya volvió a generar controversia luego de que el Tribunal Superior de Bogotá hiciera un fuerte llamado de atención al juez del caso, al advertir que los recursos interpuestos por la defensa podrían estar encaminados a dilatar el trámite y no a proteger garantías procesales.
La corporación judicial rechazó un nuevo recurso de nulidad y pidió evitar maniobras que prolonguen el proceso por presunto fraude procesal y falsedad documental en la obtención de su título como abogado.
El alto tribunal advirtió que el estancamiento podría derivar en la prescripción de la acción penal sin que se produzca una sentencia de fondo.
Riesgo de prescripción
La Universidad de Medellín alertó que, si no se resuelven con prontitud las apelaciones pendientes desde julio de 2025, los delitos podrían prescribir a partir del 2 de julio de 2026.
Bedoya es investigado por un presunto acuerdo con el entonces rector Néstor de Jesús Hincapié, que le habría facilitado el cumplimiento de requisitos académicos para obtener el título de abogado. A cambio, según la investigación, se habría favorecido políticamente a Aura Marleny Arcila, esposa del exdirectivo universitario.
En marzo del año pasado, el Consejo de Estado ordenó la suspensión del diploma de abogado del excongresista, en medio de un proceso de nulidad iniciado por la propia Universidad en 2022.
Condenas y absoluciones
En desarrollo del caso, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín condenó a Yolanda Cossio Rendón, exsecretaria de la Facultad de Derecho, a 53 meses de prisión domiciliaria e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 70 meses.
También fue sentenciado Juan Felipe Hernández Giraldo, exsubsecretario académico, a 60 meses de prisión e inhabilidad por 72 meses por falsedad ideológica en documento público.
Entre tanto, el exrector Néstor Hincapié y otros implicados fueron absueltos de los cargos formulados por la Fiscalía.
El llamado del Tribunal Superior deja ahora la presión en manos del despacho judicial, que deberá acelerar el trámite para evitar que el proceso contra Julián Bedoya termine sin una decisión penal definitiva.
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