La economía colombiana atraviesa uno de sus momentos fiscales más complejos en décadas. Organismos de control y centros de análisis han encendido las alertas por el creciente desbalance entre un gasto público en expansión y unos ingresos tributarios que no logran cumplir las metas oficiales.
El diagnóstico es claro: las decisiones fiscales de la actual administración han impulsado fuertemente el gasto, mientras el recaudo ha quedado rezagado.
Esto ha llevado a proyecciones de déficit y deuda en niveles históricamente altos, con impactos directos sobre la credibilidad del país ante los mercados.
Uno de los principales focos de crítica ha sido el aumento del Presupuesto General de la Nación para 2023, 2024 y 2025.
Solo en 2024, el gasto de funcionamiento creció cerca del 25,8 % nominal, muy por encima del crecimiento del PIB, una tendencia que se mantiene en las proyecciones para 2026.
Aunque el Gobierno logró ahorros relevantes en intereses gracias al manejo de la deuda, ese espacio fiscal fue utilizado para expandir aún más el gasto.
Este contexto llevó a la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal en junio, una decisión cuestionada por la Contraloría y analistas, quienes sostienen que no existían condiciones extraordinarias que justificaran suspender los límites fiscales, abriendo la puerta a mayor endeudamiento.
En paralelo, el recaudo tributario no ha respondido. La reforma de 2022 no logró los ingresos esperados y, a octubre de 2025, el faltante frente a la meta de la DIAN alcanzaba los $9,8 billones.
A esto se suma el fracaso de dos nuevas reformas tributarias en el Congreso, incluida la que buscaba financiar el presupuesto de 2026, dejando un hueco fiscal significativo.
El resultado es un deterioro fiscal acelerado. El déficit para 2025 se proyecta entre 7 % y 7,5 % del PIB, y podría escalar a un récord cercano al 8 % en 2026, según Fedesarrollo.
La deuda pública, por su parte, superaría el ancla fiscal y podría llegar a 64 % del PIB en 2027.
Este panorama ya tiene efectos concretos: Moody’s rebajó la calificación soberana y el costo de financiamiento del país se mantiene elevado. Además, la baja ejecución presupuestal, especialmente en inversión, plantea riesgos para la provisión de bienes y servicios públicos.
De cara a 2026, los retos son mayúsculos. El presupuesto está desfinanciado y no existe aún un plan creíble de ajuste.
Expertos coinciden en que será necesario un ajuste fiscal cercano a tres puntos del PIB para estabilizar las finanzas públicas. Un desafío que, advierten, marcará la agenda económica del próximo gobierno.
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