Con 14 votos a favor y 10 en contra, la Asamblea de Antioquia dio luz verde este miércoles a la imposición de una nueva tasa de seguridad que será cobrada a través de los servicios públicos en el departamento.
La medida, impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón, fue aprobada en una sesión cargada de tensiones, donde el sector privado, diputados y representantes del gobierno departamental volvieron a enfrentar sus posturas.
Un pulso político que culmina en victoria
La aprobación marca un triunfo para Rendón, quien había enfrentado un revés en julio pasado cuando la iniciativa fue rechazada tras la radicación de una ponencia negativa por parte del movimiento Creemos.
Con este nuevo tributo, que se aplicará a los estratos 4, 5 y 6, así como a usuarios industriales, comerciales y oficiales, la Gobernación espera recaudar aproximadamente 1,1 billones de pesos entre 2025 y 2027.
Impacto y críticas
Aunque el gobernador argumentó que los recursos serán fundamentales para fortalecer la seguridad en Antioquia, la propuesta generó críticas entre sectores empresariales y algunos diputados que consideraron que el nuevo tributo incrementará los costos para empresas y hogares de clase media y alta.
La implementación de esta tasa sienta un precedente en la región y pone sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre las necesidades de seguridad y la carga tributaria para los ciudadanos.
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¡Aprobada la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana!✅
‼️Con 14 votos positivos y 10 negativos es aprobado en último debate el Proyecto de Ordenanza N°59. @SeguridadAnt @GobAntioquia pic.twitter.com/jl6LIP6VSN
— Asamblea Departamental de Antioquia (@asambleadeant) December 4, 2024
