La Asamblea de Antioquia aprobó esta semana, con 21 votos a favor y solo tres en contra, un proyecto presentado por la Gobernación que autoriza el uso de vigencias futuras por más de $176.000 millones, recursos que, según la administración del gobernador Andrés Julián Rendón, buscan anticipar el recaudo esperado de la recientemente implementada Tasa de Seguridad.
La partida será destinada al proyecto denominado “Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana”, el cual contempla la remodelación y construcción de placas polideportivas, con el objetivo de prevenir la vinculación de jóvenes a dinámicas delictivas y fomentar espacios de sana convivencia en zonas afectadas por el microtráfico y el consumo de estupefacientes.
El gobernador Rendón ha defendido la estrategia señalando que se trata de una medida urgente para dotar al departamento de herramientas que fortalezcan la seguridad.
“Queremos actuar ya, no dentro de dos o tres años cuando el problema haya escalado. Esta inversión es preventiva y necesaria”, ha declarado en distintos escenarios.
Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. El diputado Luis Peláez advirtió que se están comprometiendo recursos cuyo recaudo es incierto, dado que el cobro de la Tasa de Seguridad apenas ha comenzado a aplicarse —con las primeras facturas llegando a los ciudadanos hace pocas semanas— y actualmente existen cinco demandas de legalidad en curso contra este tributo.
“Si la gente termina no pagando o si el Tribunal tumba ese impuesto, ¿qué hacemos? Porque los contratos los van a firmar y va a ser entonces una deuda contra el presupuesto con un posible detrimento patrimonial. Eso es lo que está arriesgando el Gobernador”, cuestionó Peláez en medio del debate.
Por su parte, Marta Patricia Giraldo, delegada de la Secretaría de Hacienda de Antioquia, defendió el plan asegurando que se establecerán mecanismos estrictos de seguimiento y control a la contratación y ejecución de los recursos, tanto los ya recaudados —estimados en cerca de $60.000 millones— como los proyectados.
“Nosotros tendremos la supervisión de cada uno de esos proyectos que efectivamente se están invirtiendo en lo que es: mejorar la convivencia, transformar espacios donde hoy hay focos de inseguridad y convertirlos en sitios de sano esparcimiento”, afirmó Giraldo.
El contraste con el caso del Valle del Cauca, donde el máximo tribunal de lo contencioso administrativo anuló recientemente el cobro de la Tasa de Seguridad, ha reavivado el debate nacional sobre la viabilidad jurídica de este tipo de impuestos y los riesgos asociados a comprometer recursos que aún no han sido consolidados.
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