La revelación de un contrato por $329.095.309 para la impresión y el estuche de una colección de 10 tomos sobre la gestión del presidente Gustavo Petro generó fuertes críticas y reabrió el debate sobre el uso de los recursos públicos en Colombia.
Según la información divulgada, el monto corresponde únicamente a los costos de impresión y presentación de la obra, sin incluir gastos de diseño, edición ni corrección de estilo.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la diferencia de costos entre algunos tomos: el Tomo 4 tuvo un valor de $38.985.000, mientras que el Tomo 8 costó $24.825.000, una diferencia de $14.160.000.
La senadora María Fernanda Cabal dijo en su cuenta de X: «Exigí cuentas sobre los 10 tomos de discursos de Petro, «Las palabras del cambio» y es escandaloso ver cómo Petro gasta la plata de nuestros impuestos en sus mediocres, delirantes y absurdos discursos llenos de mentira».
Exigí cuentas sobre los 10 tomos de discursos de Petro, "Las palabras del cambio" y es escandaloso ver cómo Petro gasta la plata de nuestros impuestos en sus mediocres, delirantes y absurdos discursos llenos de mentira. Hilo pic.twitter.com/pkEKOZmBHK
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 17, 2026
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Y añadió: «Solo la IMPRESIÓN de los 10 tomos + estuche costó $329.095.309 de plata pública. El tomo más caro (Tomo 4) costó $38.985.000; el más barato (Tomo 8), $24.825.000. Una diferencia de $14.160.000 entre tomos del mismo libro. Y esto no incluye diseño, edición ni corrección de estilo.»
El contrato ha provocado cuestionamientos de ciudadanos y diversos sectores, que consideran excesivo este gasto en un contexto marcado por dificultades económicas y necesidades sociales en distintas regiones del país.
También se han planteado interrogantes sobre los criterios utilizados para fijar los valores de cada volumen y la conveniencia de la inversión.
Hasta el momento, las entidades oficiales relacionadas con el contrato no han entregado una explicación pública sobre las diferencias de costos ni sobre la necesidad de esta inversión.
La controversia ha impulsado llamados para que los organismos de control revisen el proceso y determinen si hubo un manejo adecuado de los recursos públicos.
