El Tribunal Administrativo de Antioquia ha aceptado la segunda demanda de nulidad contra la ordenanza que establece el impuesto de seguridad impulsado por el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón.
Esta decisión se produce en medio de crecientes controversias entre distintos sectores del comercio y la ciudadanía, quienes han manifestado su inconformidad con la medida.
Hasta el momento, el gobernador Rendón no ha emitido declaraciones oficiales sobre la nueva demanda.
No obstante, ha reiterado en diversas oportunidades que varias entidades ya han efectuado el pago del impuesto.
En respaldo a la normativa, la secretaria general de la Gobernación, Martha Correa, aseguró días atrás que cuentan con todos los requisitos legales necesarios para afrontar cualquier eventualidad jurídica derivada de la implementación del tributo.
Por otro lado, el diputado Manuel García celebró la aceptación de la demanda y expresó su esperanza de que el cobro sea revocado.
Según García, la medida es inconstitucional y ha generado incertidumbre entre los contribuyentes.
Además, argumentó que los recursos ya recaudados podrían servir como base para futuras acciones legales, dado que muchas empresas y ciudadanos desconocen los detalles específicos de la obligación tributaria.
Actualmente, siete empresas comercializadoras y distribuidoras de energía han incorporado la Tasa de Seguridad y Convivencia en sus facturaciones.
Para aquellos suscriptores cuyos proveedores no están aplicando el cobro en las facturas de energía, la Gobernación ha anunciado que recibirán una factura independiente de manera física o electrónica cada tres meses.
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