Por primera vez en la historia del país, un ministro de Hacienda y Crédito Público es enviado a la cárcel por hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, un hecho sin precedentes entre los 75 jefes de esta cartera desde comienzos del siglo XX.
La magistrada Aura Rosa Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, avaló las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación y ordenó la prisión de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados de participar en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según expertos penalistas, los exfuncionarios se exponen a penas que podrían superar los 12 o incluso 15 años de prisión, en caso de ser hallados culpables.
Fabio Humar, socio director de Fabio Humar Abogados, explicó a La República que se trataría de un concurso de delitos, cuya sanción no se calcula mediante una simple suma, sino bajo los criterios de dosificación del Código Penal.
Entre los delitos imputados figuran concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, cuyas penas máximas individuales podrían alcanzar hasta 18 años de cárcel, además de multas millonarias e inhabilidades para ejercer cargos públicos.
El caso marca un hito judicial y político en Colombia, al poner en evidencia que incluso los más altos cargos de la administración pública pueden enfrentar consecuencias penales por actos de corrupción.
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