Desde este mes, los conjuntos residenciales del país deberán cumplir con una nueva disposición que busca promover la tenencia responsable de animales de compañía y mejorar la convivencia entre los vecinos.
Se trata del Decreto 768 del 7 de julio de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, el cual establece reglas claras tanto para los propietarios de mascotas como para las administraciones de las copropiedades.
El decreto dispone que todas las unidades residenciales deberán contar con una copia actualizada del reglamento de propiedad horizontal y con un censo de los animales que habitan en el conjunto, información que deberá estar disponible para las autoridades competentes en caso de requerirse.
Esta medida se encuentra alineada con lo estipulado en la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, a la cual se le adicionó recientemente el capítulo XVIII mediante el Decreto 1070.
Este nuevo apartado obliga a las copropiedades a disponer de un registro detallado de las mascotas residentes, junto con las normas internas que regulan su presencia en las zonas comunes.
El propósito de la norma es garantizar una mejor convivencia al permitir a las autoridades contar con información precisa sobre los animales de compañía, facilitando la verificación de condiciones de seguridad, salubridad y cumplimiento de las normas de convivencia.
Mayor control para animales de manejo especial
Uno de los puntos más relevantes del decreto se refiere a los perros clasificados como de manejo especial.
En estos casos, los registros serán públicos, aunque se mantendrán las restricciones propias de la legislación sobre protección de datos personales.
La intención, según el Gobierno, es lograr un equilibrio entre el acceso a la información y la privacidad de los propietarios.
Deberes de los administradores
La normativa también impone nuevas responsabilidades a los administradores de los conjuntos, quienes deberán consolidar y mantener actualizado el censo de animales, además de establecer protocolos para la custodia de la información. Esto incluye definir los formatos de registro, los mecanismos de almacenamiento y las medidas internas para proteger los datos de los residentes.
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