La Cámara de Comercio Aburrá Sur se unió al creciente rechazo de los gremios empresariales frente a la propuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de implementar una “tasa especial de seguridad y de convivencia ciudadana” en las facturas de energía del departamento.
En un comunicado oficial, la institución expresó su preocupación por el impacto negativo que esta medida podría tener sobre la economía regional y la base empresarial.
Preocupación por la sostenibilidad económica
La Cámara destacó que el contexto económico actual exige prudencia y coherencia, señalando: “Nuestra economía no pasa por el mejor momento y las proyecciones futuras invitan a actuar con prudencia y con singular coherencia frente a la realidad.”
Asimismo, advirtió que la aprobación de esta tasa podría agravar la ya delicada situación de los empresarios y comerciantes de la región: “Imponer una ‘tasa especial de seguridad y de convivencia ciudadana’ a las facturas de energía diezmaría el poco margen de maniobra que le queda a nuestros empresarios y comerciantes para sobrevivir en medio de los preocupantes indicadores macroeconómicos vigentes.”
La seguridad como responsabilidad estatal
Aunque reconocen los desafíos de seguridad que enfrenta el departamento y su impacto en la competitividad empresarial, la Cámara subrayó que esta es una responsabilidad estatal que no debe trasladarse al sector productivo. En su comunicado, afirmaron: “Decretar más cargas económicas, sin importar su duración, propósito y alcance, sólo representa una señal equivocada y un golpe bajo a los intereses de la ciudadanía y del sector empresarial.”
Finalmente, la institución invitó al gobernador y a los diputados a explorar alternativas más equitativas y creativas para mejorar la seguridad regional, sin comprometer la sostenibilidad de las empresas locales.
Apoyo al rechazo gremial
Este pronunciamiento se suma a las críticas ya expresadas por Fenalco Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, quienes también han manifestado su desacuerdo con la propuesta.
Los gremios coinciden en que la iniciativa envía un mensaje adverso al sector productivo en un momento en el que las empresas enfrentan grandes desafíos económicos.
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