A casi una semana de la polémica resolución de la Fiscalía General que suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras ilegales del Valle de Aburrá, comienzan a materializarse acciones legales en su contra.
Este lunes 6 de abril serán presentadas al menos dos demandas ante el Consejo de Estado, tras la finalización de la vacancia judicial por Semana Santa.
Una de las acciones fue anunciada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien cuestionó la coherencia de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, al considerar contradictorio levantar órdenes de captura mientras se mantienen otras decisiones judiciales contra cabecillas criminales.
El mandatario calificó la medida como una afrenta a las víctimas y a la fuerza pública.
Presento demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado: @petrogustavo y la Fiscal liberan criminales, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, Policías y Soldados que han arriesgado su vida por capturarlos. Construyen una autopista de impunidad… pic.twitter.com/UsCVYshDZk
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 5, 2026
La segunda demanda será interpuesta por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, quien pidió suspender provisionalmente los efectos de la resolución.
Según advirtió, la decisión podría tener impacto en el escenario electoral en zonas con presencia de estos grupos.
¡LO DIJIMOS Y LO HICIMOS!
Acabo de radicar ante el Consejo de Estado la DEMANDA DE NULIDAD SIMPLE contra la Resolución 0072 de la Fiscalía, que otorga suspensión temporal de órdenes de captura a 23 cabecillas de estructuras criminales detenidos en la cárcel de itagüi.… pic.twitter.com/3YnCfllhDg
— Alejandro De Bedout (@alejodebedout) April 6, 2026
El debate también ha alcanzado al Gobierno nacional. De Bedout cuestionó posibles motivaciones políticas y mencionó al presidente Gustavo Petro en sus críticas, al señalar riesgos de que la medida sea interpretada como un incentivo indebido en el contexto electoral.
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Entre los beneficiados figuran varios líderes vinculados a la mesa de paz urbana instalada desde 2023, algunos de ellos ya en libertad.
La controversia jurídica ahora queda en manos del alto tribunal, que deberá decidir sobre la legalidad de la resolución y sus efectos.
