La decisión de la Fiscalía General de citar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez el próximo 24 de julio volvió a encender el debate político y judicial en Colombia.
La diligencia está relacionada con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Ituango (Antioquia) entre 1996 y 1997, además del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Los hechos investigados ocurrieron cuando Uribe ejercía como gobernador de Antioquia, razón por la cual el ente acusador busca establecer si existe alguna responsabilidad dentro del proceso.
Según explicó el abogado penalista Óscar Santamaría, bajo el procedimiento penal vigente el expresidente podrá guardar silencio o entregar su versión de los hechos durante la diligencia.
Después de esa etapa, será la Fiscalía la que determine si continúa con la investigación o si solicita una medida de aseguramiento ante un juez.
En caso de que esto ocurra, será un juez quien decida si existen elementos suficientes para imponer alguna restricción a la libertad, por lo que la citación a indagatoria no implica automáticamente una captura o condena.
Tras conocerse la decisión, Uribe cuestionó públicamente el proceso y aseguró que enfrenta una actuación con motivaciones políticas.
Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 23, 2026
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Mientras tanto, sectores afines al Gobierno y voces como la del senador Iván Cepeda respaldaron el avance judicial.
La nueva citación vuelve a poner en el centro del debate uno de los capítulos más sensibles del conflicto armado en Antioquia y mantiene la atención del país sobre el futuro judicial del exmandatario.
