La emergencia económica decretada en diciembre por el presidente Gustavo Petro enfrenta su mayor pulso en la Corte Constitucional.
La Procuraduría General de la Nación pidió tumbar buena parte del Decreto 1390 de 2025 al considerar que no cumple los requisitos exigidos por la Carta Política para acudir a un estado de excepción.
El concepto, firmado por el procurador Gregorio Eljach, fue remitido al despacho del magistrado Carlos Camargo, ponente del caso.
Aunque no es vinculante, el documento —de 40 páginas— se convierte en una pieza clave para la decisión del alto tribunal.
Procuraduría pide tumbar cinco puntos
El Ministerio Público concluyó que varios apartes del decreto no guardan una relación “directa, específica y necesaria” con la crisis humanitaria que motivó la emergencia.
En concreto, solicitó declarar inexequibles las disposiciones sobre:
– Recursos para el sector defensa y la Unidad Nacional de Protección.
– Atención de una emergencia por desastre natural.
– Pago de sentencias judiciales.
– Pago de obligaciones atrasadas del Estado.
Para el órgano de control, estos temas no corresponden a hechos sobrevinientes ni extraordinarios, sino a problemas estructurales que deben tramitarse por la vía ordinaria.
Salud, el único punto con respaldo
Donde sí hubo aval fue en las medidas relacionadas con el aseguramiento en salud. Según Eljach, existe conexión entre la crisis y la necesidad de recursos para garantizar el derecho fundamental a la salud.
El debate se centra en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), monto que el Estado gira a las EPS por cada afiliado.
La discusión se remonta a la Sentencia Sentencia T-760, que reconoció la salud como derecho fundamental y cuyo cumplimiento sigue bajo vigilancia judicial.
En 2025, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud destinó $88,4 billones a la UPC y proyecta $101 billones para 2026. Aun así, la siniestralidad reportada por las EPS alcanza el 109,5 %, con un déficit cercano a $5,95 billones.
La diferencia en el aumento de la UPC entre el régimen contributivo y el subsidiado —7,6 %— y los déficits acumulados de años anteriores mantienen la presión sobre el sistema, pese a las intervenciones de la Superintendencia de Salud a ocho EPS.
Para la Procuraduría, garantizar recursos en salud es urgente. Pero reitera que, en su forma actual, la emergencia económica no cumple los parámetros constitucionales y debe ser ajustada por la Corte.
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