En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a tres exfuncionarios de la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por su presunta participación en un esquema de presión a empleados públicos con el fin de financiar el movimiento político Independientes.
Entre los sancionados se encuentra Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social y uno de los colaboradores más cercanos al exalcalde Quintero, quien fue destituido e inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos.
La Procuraduría concluyó que Ramírez habría tenido un rol protagónico en las acciones que vulneraron los principios de neutralidad y legalidad en la función pública.
Junto a Ramírez también fueron hallados responsables Juan Daniel Pulgarín, exsubsecretario de Grupos Poblacionales, y Fredy Alonso Agudelo, exsubsecretario de Gestión de Bienes.
Ambos recibieron sanciones de destitución e inhabilidad por un periodo de 12 años, al haber participado en los mismos hechos investigados.
El proceso disciplinario se originó a partir de una denuncia interpuesta en 2021 por María del Pilar Rodríguez, entonces directora de una unidad de la Secretaría de Inclusión Social.
Según su testimonio, fue citada a una reunión privada junto a otros funcionarios, donde se les habría solicitado destinar parte de sus honorarios a través de una corporación denominada El futuro se parece a nosotros, con el supuesto objetivo de apoyar la causa política del exalcalde y su movimiento.
Durante el proceso, la defensa de Ramírez solicitó que se abriera una investigación disciplinaria y penal contra la denunciante.
Sin embargo, esta petición fue rechazada por la Procuraduría, que dio plena validez al testimonio y lo consideró pieza clave para establecer los hechos.
Aunque el fallo representa una contundente decisión del ente disciplinario, se trata de una sanción en primera instancia.
Por lo tanto, los exfuncionarios aún cuentan con la posibilidad de apelar ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, que deberá revisar los argumentos presentados por la defensa antes de confirmar o modificar la decisión.
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