La abogada vallecaucana María Cristina Cuéllar Cárdenas presentó un incidente de desacato ante el Consejo de Estado contra el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), al considerar que se incumplió un fallo de tutela que protegía su derecho fundamental a la información.
Según lo consignado en la solicitud formal, Cuéllar argumenta que el Ejecutivo desobedeció una orden del alto tribunal emitida el pasado 11 de abril, en la que se ordenaba al Gobierno abstenerse de transmitir los consejos de ministros a través de canales de televisión abierta, tanto públicos como privados.
La medida, según el fallo, buscaba garantizar la neutralidad informativa y proteger el derecho constitucional a una información veraz e imparcial.
Sin embargo, la abogada sostiene que esta directriz fue ignorada apenas diez días después, cuando el presidente apareció en cadena nacional en lo que describió como una «alocución», centrada inicialmente en la situación sanitaria relacionada con la fiebre amarilla, pero que terminó abordando diversos temas de coyuntura política y social.
Cuéllar cuestionó la naturaleza de dicha intervención, alegando que no se trató de una alocución legítima, ya que no fue breve, ni se limitó a una urgencia nacional específica.
Por el contrario, aseguró que fue una intervención extensa con claros contenidos políticos, en la que el mandatario criticó el fallo judicial, cuestionó a los medios de comunicación y sectores empresariales, y promovió iniciativas como una consulta popular y una movilización ciudadana.
«La transmisión representó una maniobra para evadir el fallo judicial, utilizando indebidamente los espacios públicos de televisión, lo cual afecta la pluralidad y neutralidad que deben caracterizar a los medios masivos en un sistema democrático», afirmó la jurista en su documento.
En su solicitud, Cuéllar invoca los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, que habilitan al beneficiario de una tutela a exigir su cumplimiento inmediato y, en caso de desacato, solicitar sanciones que pueden incluir arresto o multa para los funcionarios responsables.
Además, la ciudadana propone que se implementen medidas preventivas, como la posibilidad de que los canales de televisión puedan negarse a transmitir futuras alocuciones si estas no cumplen con los parámetros constitucionales establecidos.
Igualmente, advierte que esta no es una acción aislada, sino parte de un patrón más amplio del Ejecutivo de desconocer decisiones judiciales, lo que ameritaría —según sus palabras— «una respuesta firme pero institucionalmente cuidadosa» por parte del Consejo de Estado.
El alto tribunal deberá ahora evaluar la solicitud y determinar si existen méritos suficientes para abrir un proceso por desacato contra el jefe de Estado y su equipo de comunicaciones.
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