Hay decisiones que pueden ser legales y, aun así, resultar profundamente cuestionables desde el punto de vista ético. La continuidad de las 35.ª Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura de Itagüí, en medio de la tragedia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, parece ser una de ellas.
Las fiestas se realizan entre el 8 y el 17 de agosto de 2026 y contemplan más de 200 actividades culturales, deportivas y musicales, incluidos grandes conciertos en el Estadio Ditaires. La Alcaldía las presenta como eventos gratuitos para la ciudadanía, aunque, evidentemente, la realización de semejante programación tiene un costo que finalmente sale de los recursos públicos.
La propia administración ha defendido la programación como un proyecto previamente planeado y contratado.
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Y aquí aparece la pregunta que debería estar en el centro del debate: ¿era necesario mantener una celebración de esta magnitud cuando el país atraviesa una emergencia nacional?
El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto dejó una devastación considerable en diferentes regiones del país. Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó se encuentran entre los territorios afectados, mientras las autoridades y organismos de socorro continúan atendiendo víctimas y damnificados.
Los balances conocidos durante estos días entregados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – UNGRD – han confirmado la dimensión de una tragedia que supera ampliamente las fronteras de un municipio.
La explicación jurídica no responde la pregunta política
La Alcaldía de Itagüí ha explicado que no puede simplemente cancelar o aplazar las fiestas porque existen contratos previamente celebrados y obligaciones adquiridas. El alcalde Diego Torres y el secretario jurídico, Óscar Muñoz, han señalado que cualquier modificación debe ajustarse a las normas de contratación estatal.
El argumento merece ser escuchado. Un gobierno no puede desconocer alegremente contratos públicos ni asumir que cualquier emergencia permite desaparecer obligaciones contractuales.
Pero una cosa es preguntar si jurídicamente era posible cancelar las fiestas y otra, muy diferente, preguntar si políticamente era correcto mantenerlas.
Incluso si la administración considera que no estaba configurada una causal de fuerza mayor que hiciera imposible cumplir los contratos, existen otras herramientas que pudieron ser exploradas: renegociar, aplazar, modificar actividades, reducir gastos asociados, redireccionar recursos disponibles o, por lo menos, transformar radicalmente el sentido de la celebración.
Porque gobernar no consiste únicamente en preguntarse qué permite la ley. También implica preguntarse qué espera la sociedad de sus gobernantes cuando ocurre una tragedia.
¿Más de $14.000 millones mientras Colombia cuenta muertos y damnificados?
La cifra de más de $14.000 millones planteada en el debate político sobre las fiestas merece una explicación pública, detallada y transparente: cuánto se contrató, con quién, qué obligaciones son irreversibles, cuánto dinero podría recuperarse y cuánto costaría modificar o suspender la programación.
No basta con decir que los contratos ya estaban firmados.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer las cuentas.
También tienen derecho a preguntarse si, frente a una emergencia nacional, era indispensable sostener todos los componentes de una fiesta que, aunque oficialmente gratuita para el público, es financiada con recursos públicos.
Y hay una diferencia importante: no se trata de estar en contra de la cultura, los artistas o las fiestas de Itagüí. Se trata de entender que las prioridades de un gobierno pueden y deben cambiar cuando cambia radicalmente la realidad que lo rodea.
Porque detrás de la discusión hay una pregunta mucho más sencilla: ¿qué mensaje le envía Itagüí al resto del país?
¿Y si la tragedia hubiera ocurrido aquí?
Esta es quizás la pregunta más incómoda.
¿Qué pasaría si mañana una emergencia de grandes proporciones golpeara a Itagüí?
¿Esperaríamos que otras ciudades siguieran con sus conciertos, celebraciones y eventos masivos mientras nosotros buscamos familiares, atendemos heridos, perdemos viviendas o despedimos a nuestros seres queridos?
Probablemente exigiríamos solidaridad.
Entonces, ¿por qué no ofrecerla ahora?
Un gobierno debe pensar no solamente en el presente, sino también en el ejemplo que deja. La política pública tiene una dimensión económica y jurídica, pero también tiene una dimensión humana.
No se trata de afirmar que cada peso destinado a una fiesta podría convertirse automáticamente en ayuda humanitaria. Tampoco de desconocer las obligaciones contractuales existentes. Se trata de preguntarnos si, ante una tragedia nacional de esta magnitud, la austeridad, el duelo y la solidaridad debieron imponerse sobre la celebración.
