La controversia política crece en torno a una presunta intervención del Gobierno nacional para facilitar la renovación de la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, señalado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
González se encuentra en territorio nicaragüense desde el 5 de noviembre de 2024, fecha en la que ya enfrentaba un proceso penal en etapa de indagación.
Poco más de un mes después, el 16 de diciembre, obtuvo una cédula de residencia válida hasta el 14 de junio de 2025.
En enero de este año, tras la renuncia del embajador León Fredy Muñoz, el diplomático Óscar Muñoz asumió como encargado de negocios en la Embajada de Colombia en Managua.
Para ese momento, ya existía una primera solicitud de residencia hecha por González.
La polémica estalló cuando se conoció que el 21 de mayo, el mismo día en que la Fiscalía imputó a González por cohecho, peculado y lavado de activos, la Embajada envió una nota verbal a la Cancillería de Nicaragua solicitando la renovación de su residencia. En el documento se lee:
“Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”.
Ante las críticas, el presidente Gustavo Petro negó que él o la canciller Rosa Villavicencio hubieran dado instrucciones para gestionar beneficios migratorios a favor del investigado.
“No ha habido ni hubo ninguna instrucción desde Cancillería para solicitar ninguna renovación para este ciudadano colombiano en Nicaragua”, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores.
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