Casi 23.000 millones de pesos les han costado a los colombianos los contratos de maquillador y fotógrafo vinculados a la ex primera dama Verónica Alcocer desde el 7 de agosto de 2022. La cifra equivale a un promedio cercano a 18 millones de pesos diarios destinados a servicios relacionados con su imagen personal.
La polémica surge en medio de las alertas por el aumento en la contratación estatal durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Una investigación conocida por la Fiscalía detalla que, un mes después de la posesión presidencial, comenzaron a firmarse contratos a través de RTVC, el sistema de medios públicos.
Según los documentos oficiales difundidos por la revista Semana, RTVC suscribió convenios bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), que a su vez subcontrató al maquillador Fady Javier Flórez y al fotógrafo Mauricio Vélez.
El esquema permitió que los contratistas no tuvieran vínculo directo con la entidad estatal, sino con la cooperativa.
Entre 2022 y 2025 se habrían firmado al menos 12 contratos —cinco para el maquillador y siete para el fotógrafo—. Solo en los primeros meses de gobierno, el fotógrafo recibió más de 3.100 millones de pesos en acuerdos por periodos cortos.
En 2023 y 2024 los montos aumentaron, incluyendo contratos conjuntos que superaron los 5.500 y 8.000 millones de pesos, respectivamente. El más reciente, en 2025, ascendió a 3.976 millones.
El denunciante, el profesor y experto anticrimen financiero Juan Carlos Portilla, advierte que la modalidad de administración delegada podría haber servido para direccionar recursos públicos hacia terceros específicos, reduciendo controles y transparencia.
En su denuncia ante la Fiscalía, incluso señala la posible tipificación de delitos como estafa y otras responsabilidades administrativas.
La controversia toma mayor relevancia tras declaraciones del propio presidente Petro sobre su separación de Alcocer años atrás, lo que abriría interrogantes sobre el rol y los beneficios institucionales de la entonces “gestora social” de la Presidencia.
La Fiscalía deberá determinar si los contratos respondían a necesidades institucionales legítimas o si, como señala la denuncia, fueron utilizados para atender exclusivamente la imagen personal de la ex primera dama con recursos públicos.
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