El senador de la República, Humberto de la Calle, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, discutieron este lunes la propuesta innovadora que podría marcar un hito en la historia constitucional de Colombia.
Ambos líderes políticos coincidieron en la necesidad de otorgar mayor autonomía fiscal a las regiones del país, con el objetivo de empoderar a los departamentos y permitirles gestionar sus recursos de manera más efectiva.
«Esto no se trata de federalizar al país, ni tampoco de independizar a Antioquia. Los recursos que nacen de las regiones deberían regresar a las regiones para resolver problemas que no hemos sido capaces de abordar bajo el actual arreglo institucional», dijo Rendón.
La propuesta busca corregir la difusión de roles que se produjo con la Constitución de 1991, donde las funciones y los ingresos de los departamentos quedaron opacados en comparación con los municipios. El senador Humberto de la Calle respaldó esta idea, destacando que la orientación inicial de la Constituyente era más municipalista y que es necesario corregir esta disparidad.
«Si usted compara qué es un departamento, qué funciones tiene y cuáles son sus ingresos, con lo que pasó en los municipios, ahí hay una diferencia enorme. La orientación inicial de la Constituyente era más municipalista y esto se tiene que corregir. Sí a la autonomía y es una conversación que debe continuar”, afirmó el senador.
En el mismo sentido, el gobernador Andrés Julián reiteró la importancia de que los recursos regresen a las regiones para abordar las dificultades que afectan a cada rincón del país.
«Las regiones de Colombia no tienen por qué pagar los excesos burocráticos y el derroche del Gobierno central, cualquiera sea su procedencia ideológica, cualquiera sea su matiz programático», concluyó el mandatario regional.
¿Qué se pretende desde Antioquia?
La iniciativa propone convocar a un referendo constitucional para modificar el artículo 298 de la Constitución Nacional. La principal modificación sería otorgar a los departamentos la administración de los impuestos de renta y patrimonio, proporcionándoles una fuente adicional de ingresos que les permitiría abordar las problemáticas locales de manera más directa y eficiente.
Esta propuesta promete no solo fortalecer las finanzas de los departamentos, sino también garantizar que ningún territorio se vea afectado en sus recursos como resultado de este cambio constitucional.
La conversación sobre la descentralización y la autonomía fiscal parece haber comenzado, y será interesante seguir de cerca cómo evoluciona en los próximos meses.
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