Después de que la Corte Constitucional tumbara la reforma política que el Congreso de la República había aprobado, la presidencia hace un nuevo intento por reformar la constitución a través de un Acto Legislativo.
En este nuevo proyecto contempla tres puntos fundamentales que son la financiación de las campañas, listas cerradas en Congreso, Asamblea y Concejo y una reforma al Consejo Nacional Electoral.
La primera, financiación de las campañas, dejaría la distribución de recursos a una financiación estatal con una base de proveedores electorales y no permitiría donaciones de ciudadanos o particulares.
Por otro lado, en caso de que se superen los topes contemplados por las normas, se perdería la investidura del ciudadano electo y la personería jurídica para los movimientos políticos.
Por otro lado obliga a que para Congreso, Asamblea y Concejo Municipal se presenten listas cerradas tipo cremallera con el fin de darle un enfoque de género a las mismas y permitir la elección de mujeres para estas corporaciones.
Otra de las reformas contempladas en el documento implica que los partidos tengan al menos 0,2% del censo electoral para obtener o mantener la personería jurídica que otorga el Consejo Nacional Electoral.
Se reconocería personería jurídica a movimientos políticos que obtengan al menos el 3% de los votos en la elección anterior, sin embargo, no se tendrían en cuenta las últimas elecciones.
Este punto ha sido cuestionado por el Movimiento de Observación Electoral (MOE) ya que le daría ventaja a movimientos como «Comunes», cuya personería jurídica fue otorgada a través del proceso de paz firmados con las FARC y se podría perder de no alcanzar el umbral en próximo proceso electoral.
El proyecto contempla la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE). La elección de los consejeros se haría por concurso de méritos y la Corte Suprema de Justicia sería la encargada de su escogencia, además de darle capacidad jurídica, lo que, según el gobierno nacional, fortalece las funciones del mismo.
Al ser una reforma a la Constitución, su trámite deberá implicar los ocho debates de un Acto Legislativo.
