El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, publicó un borrador de decreto que podría transformar de manera radical el funcionamiento del alquiler temporal de viviendas turísticas mediante plataformas como Airbnb.
La medida, que entraría en vigencia este 18 de diciembre sin periodo de transición, ha encendido las alarmas en el sector tecnológico y turístico.
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) advierte que el proyecto crea una “licencia de facto” para los propietarios de viviendas turísticas no hoteleras, al imponer cargas técnicas y jurídicas que —según el gremio— serían de “imposible cumplimiento”.
Además, modificaría las reglas del Registro Nacional de Turismo (RNT) al pasar de un sistema declarativo a uno de preverificación.
Entre las nuevas exigencias, las plataformas tendrían que confirmar que el uso del suelo y los reglamentos de propiedad horizontal permiten la actividad, verificar semestralmente la vigencia del RNT, eliminar anuncios repetidos y garantizar interoperabilidad con sistemas estatales que aún no existen.
Para la CCIT, esto implica trasladar responsabilidades del Estado a empresas privadas.
Golpe al turismo comunitario y a la clase media
Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT, recordó que estas plataformas generan más de 215.000 empleos y representan más de US$550 millones del PIB turístico.
Solo en 2024, los viajeros que usaron viviendas turísticas dejaron 2,8 billones de pesos en restaurantes y 1,3 billones en transporte.
El gremio advierte que la medida afectaría sobre todo a pequeños anfitriones: la mitad son mujeres y el 15% adultos mayores.
“Imponer cargas propias de grandes comercios excluiría a miles de familias que dependen de este ingreso para sostener su vivienda”, señala la CCIT.
La restricción también impactaría a más de 600 municipios, muchos rurales y PDET, donde estas plataformas han sido clave para atraer visitantes en ausencia de hotelería tradicional.
Falta de diálogo y preocupación por un apagón turístico
La CCIT también denunció que los gremios del sector fueron excluidos de las mesas de discusión, y que el decreto se publicó sin análisis técnico, jurídico o económico.
El sector hace un llamado urgente al Gobierno para abrir un diálogo que evite lo que consideran un “apagón digital” en pleno diciembre y un golpe a un ecosistema que atrajo casi 7 millones de visitantes en 2024.
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Muy preocupados por el cambio de reglas para plataformas de turismo que propone @MincomercioCo en su proyecto de decreto, abierto para comentar hasta el 17 de diciembre. Siempre disponibles para compartir alternativas técnicamente viables para incrementar el uso de la tecnología.
— CCIT (@CCIT_) December 11, 2025
