A solo dos días del escándalo por las presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc en Calarcá, el Gobierno nacional expidió los decretos que designan a cuatro integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) como gestores de paz.
Entre ellos figuran alias Samir, señalado de participar en el ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi, y Danilo Alvizú, vocero del grupo, cuya designación fue renovada justo antes de la filtración de polémicos chats que lo vinculan con jefes disidentes.
Ellos son dos de los más buscados en el departamento de Antioquia
Los documentos, firmados por el presidente Gustavo Petro el 21 de noviembre de 2025, les otorgan funciones de interlocución en el proceso de paz, pese a que los beneficiados mantienen órdenes de captura por delitos como homicidio, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas.
Mientras el decreto ordena notificar a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, esa entidad aseguró a W Radio no tener conocimiento del procedimiento, lo que ha profundizado las dudas sobre coordinación institucional y transparencia.
El hecho ha desatado críticas de víctimas, analistas y sectores políticos, que alertan sobre los riesgos de legitimar a cabecillas armados en medio de denuncias por reclutamiento de menores y expansión territorial.
La Defensoría del Pueblo también reiteró que estas decisiones deben tener fines estrictamente humanitarios y no favorecer la impunidad.
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