El proyecto del intercambio vial en el sector de Fábricas Unidas, en Itagüí, volvió a encender las alarmas entre gremios, expertos y la comunidad.
El contrato, estimado en $78.870 millones, fue liquidado de manera unilateral por la Administración Municipal, un hecho que confirma los temores que desde hace dos años venían expresando distintos sectores sobre la viabilidad y transparencia del proceso.
La información fue dada a conocer por José Fernando Villegas Hortal, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Seccional Antioquia, quien aseguró que este desenlace era “previsible”.
“Lo advertimos hace dos años y lo reiteramos hace un año, sobre el cuestionado proceso para la construcción del intercambio de Fábricas Unidas. Se trató de un proceso que terminó con un único oferente, adelantado por una empresa industrial y comercial del Estado que no contaba con la experiencia necesaria para ejecutar un proyecto de tal complejidad. La razón que nos dan es que el contrato ha sido caducado, después de dos años, por un incumplimiento del contratista”, explicó el dirigente gremial.
📣📣 Desde la @CCIAntioquia lo advertimos desde hace dos años y sucedió. 👉Ha sido caducado el contrato para la construcción del #Intercambio Vial en el sector de Fábricas Unidas en Itagüí. pic.twitter.com/w0CyP6My3p
— CCI Antioquia (@CCIAntioquia) November 24, 2025
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Inconsistencias desde el inicio
Villegas Hortal insistió en que desde el arranque del proceso se evidenciaron irregularidades e inconsistencias que debilitaban la ejecución del proyecto.
El líder gremial enfatizó en la necesidad de regresar a los lineamientos de la Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal, y evitar la firma de convenios interadministrativos con entidades sin experiencia que pueden limitar la pluralidad de oferentes y comprometer la transparencia.
Una obra sin iniciar y llena de cuestionamientos
La construcción del puente de Fábricas Unidas —que conectaría la avenida Pilsen (calle 37B) con la Autopista Sur— nunca logró despegar, pese a los anuncios reiterados.
Inicialmente se proyectó que las obras comenzarían en el segundo semestre de 2024. Más tarde, se prometió un inicio en los primeros meses de 2025. Ninguna de estas fechas se cumplió.
Desde la Escuela de Ingenieros de Antioquia, expertos habían elevado serios cuestionamientos sobre el manejo de los recursos, la gestión predial y el modelo de ejecución.
Además, alertaron que, una vez iniciadas, las obras podrían tardar hasta cinco años, con afectaciones económicas y sociales para Itagüí y municipios vecinos como Sabaneta, La Estrella, Caldas y otros del Suroeste antioqueño.
Otro de los puntos críticos fue el modelo de financiación, que dependía del Invías y del uso de vigencias futuras hasta 2028, lo que añadía incertidumbre fiscal al proyecto.
Cabe recodar que en el Secop (Plataforma transaccional para gestionar en línea todos los Procesos de Contratación), desde el 21 de noviembre, aparece publicada una resolución emitida por la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (Adeli), en la cual se liquida de forma unilateral el contrato.
Allí también se establece que la caducidad fue declarada desde octubre, debido a “incumplimientos graves del contratista”.
