La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
El ente acusador sostiene que el exfuncionario emitió actos administrativos contrarios a la ley durante el proceso de licitación para la fabricación y distribución de pasaportes y etiquetas de visa.
La polémica se remonta a finales de 2023, cuando Leyva, entonces canciller, suspendió el contrato que por 17 años había manejado la empresa Thomas Greg & Sons, argumentando falta de libre competencia en la última licitación.
Su decisión desató una demanda contra el Estado y derivó en sanciones disciplinarias: en septiembre de 2024, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por diez años, al considerar que declaró desierta la licitación sin fundamento legal y vulneró los principios de transparencia y responsabilidad.
El caso de los pasaportes siguió escalando. En 2025, el Gobierno anunció que la producción pasaría a la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, decisión cuestionada por su presunta falta de capacidad técnica y por posibles irregularidades. Incluso, la Procuraduría pidió la nulidad absoluta del contrato con la entidad portuguesa, alegando que se firmó sin un proceso competitivo.
Para evitar escasez de documentos, el Gobierno prorrogó por ocho meses —hasta abril de 2026— el contrato con Thomas Greg & Sons, mientras continúan las investigaciones y no se define un modelo definitivo para la expedición de pasaportes en el país.
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