La Fiscalía General de la Nación se prepara para imputar cargos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, señalado de participar en el millonario desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El expediente contiene pruebas contundentes que podrían llevar a una medida de aseguramiento inmediata.
La investigación incluye documentos, chats, videos y registros que vinculan a Bonilla con reuniones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, hoy testigo clave. López y la exasistente del ministro, María Alejandra Benavides, obtuvieron principios de oportunidad que fortalecieron el caso.
De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla habría autorizado giros por 1,4 billones de pesos hacia la entidad, recursos que terminaron en contratos irregulares para asegurar apoyo político en el Congreso.
Videos recientemente revelados por la revista SEMANA muestran a López en reuniones en el Ministerio de Hacienda donde, según el ente acusador, se acordó la repartija de contratos por más de 92.000 millones de pesos en varias regiones del país.
La defensa del exministro alega que Bonilla no posee bienes, ha cumplido con la justicia y no representa riesgo de fuga. Sin embargo, los fiscales consideran que la cercanía con el presidente Gustavo Petro y la magnitud de las pruebas lo ponen contra las cuerdas.
La imputación incluiría los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, un proceso que podría convertirse en el golpe judicial más fuerte al gobierno Petro por el escándalo de la UNGRD.
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