La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por ocho años contra Martha Alexandra Agudelo Ruiz, quien ejerció como secretaria de Educación de Medellín entre 2020 y 2023.
La decisión se deriva de su participación activa en la etapa precontractual del contrato 4600085185, celebrado con la corporación Colombia Avanza para la atención de la primera infancia dentro del programa Buen Comienzo.
De acuerdo con el fallo emitido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, Agudelo vulneró los principios de transparencia y selección objetiva al permitir la contratación directa de un convenio que superaba los $16.000 millones, sin realizar una licitación pública.
El objeto del contrato incluía no solo servicios sino también el suministro de bienes y logística, lo que requería un proceso competitivo que garantizara pluralidad de oferentes.
El proceso disciplinario tuvo origen en una queja presentada por Piedad Patricia Restrepo, directora de la veeduría ciudadana Todos por Medellín, quien cuestionó la legalidad del proceso de selección y la idoneidad de la entidad contratada.
A partir de esa denuncia, la Procuraduría abrió investigación y encontró que Agudelo firmó certificaciones que avalaban la experiencia de Colombia Avanza, omitiendo exigir cotizaciones u ofertas adicionales que permitieran comparar propuestas.
“El proceder de la funcionaria no solo omitió el deber de garantizar la libre competencia, sino que también convalidó un procedimiento que cerró la puerta a la pluralidad de oferentes y a la transparencia del gasto público”, indicó el Ministerio Público.
Aunque la defensa de Agudelo sostuvo que sus actuaciones se basaron en el respaldo técnico y jurídico de su equipo de trabajo, el ente disciplinario enfatizó que, en su calidad de ordenadora del gasto, era su responsabilidad última velar por la legalidad de los procesos contractuales.
Cabe señalar que, por este mismo contrato, también avanza un proceso judicial con imputaciones penales contra la exfuncionaria, lo que podría derivar en nuevas consecuencias jurídicas más allá del ámbito disciplinario.
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