Apenas dos semanas después de que se oficializara la venta del lote donde se construye la Arena Primavera —el escenario de espectáculos más grande del Valle de Aburrá—, ya se alista una demanda judicial que podría frenar el ambicioso proyecto.
El comprador, el grupo empresarial CLK, no solo se quedó con el terreno, sino que dejó atrás el costoso arriendo que venía pagando a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desde finales de 2023, cuando esta le alquiló el predio.
Ahora, el mismo conglomerado lo compró por $51.000 millones, una suma que le garantiza quedarse con las ganancias proyectadas a futuro sin tener que devolver la infraestructura tras 30 años, como establecía el contrato de arrendamiento inicial.
Pero la operación ya genera serias controversias. La más grave: una acción legal que busca anular la venta y cuestiona la validez de la licencia de construcción, que ya permitió que el proyecto avance un 25 %.
La demanda será interpuesta por Diego Alejandro Arango Duque, fundador de Ideas & Co S.A.S., quien asegura haber sido propietario legítimo del lote antes de que este ingresara, en 2012, a un proceso de extinción de dominio por vínculos con el narcotráfico.
De la expansión empresarial al embargo judicial
Arango Duque compró el lote en 2009 por $8.431 millones, con el objetivo de expandir su empresa dedicada al procesamiento de madera reciclada, montar un parqueadero y alquilar bodegas.
Sin embargo, en 2012 la Fiscalía embargó el predio, al vincularlo con bienes relacionados con Pedro Antonio Bermúdez, alias El Arquitecto, un narcotraficante extraditado y ligado a la firma Franzul, incluida en la Lista Clinton.
Según Arango, la medida era preventiva y buscaba verificar su buena fe en la adquisición del bien.
En ese marco, transfirió en 2020 más de $1.200 millones a la SAE para cubrir impuestos prediales atrasados, convencido de que aún podía recuperar el terreno. No obstante, la SAE no solo arrendó el predio en 2023, sino que lo vendió en julio de 2024, sin consultar ni obtener autorización del agente liquidador de su empresa, ni de la Fiscalía, pese a que el bien sigue inmerso en un proceso penal.
Cuestionamientos al proceso de venta
La abogada de Arango, Valeria Castaño, asegura que la venta viola requisitos legales clave.
“La figura de enajenación temprana solo procede si el bien representa un riesgo ambiental, social o para el Estado. En este caso, el predio generaba rentabilidad al estar arrendado y no presentaba ninguno de esos riesgos”, explicó a El Colombiano.
Añadió que, al estar en un proceso de insolvencia que culminó recientemente con la liquidación de Ideas & Co, la venta también requería la aprobación del agente liquidador.
La jurista advierte además que la transacción podría haber generado un daño patrimonial al Estado: con la venta del predio se dejó de lado el pago de deudas pendientes por más de $8.700 millones a entidades como la DIAN, la Superintendencia de Sociedades y los municipios de Medellín y Sabaneta.
Incluso una entidad bancaria, acreedora del lote mediante un fideicomiso, podría emprender acciones legales para hacer valer sus derechos.
¿Peligra la licencia de construcción?
En medio del panorama judicial, también surgen dudas sobre la legalidad de la licencia de construcción emitida para la Arena Primavera.
A través de varios derechos de petición, la defensa de Arango solicitó claridad sobre la situación jurídica del terreno.
La única respuesta llegó desde la Alcaldía de Sabaneta, cuyo secretario de Planeación, Javier Humberto Vega, admitió que no se hizo verificación alguna, amparándose en el principio de buena fe.
Sin embargo, la abogada Castaño advierte que, tratándose de una entidad pública, dicha buena fe debía ser “cualificada”.
“No se trata de aceptar papeles sin verificar. Había que constatar la autenticidad de los documentos y antecedentes del predio”, enfatizó al mismo medio.
Si el juez da la razón al demandante, la licencia de construcción podría quedar sin efecto, lo que pondría en riesgo todo el proyecto.
Una subasta bajo la lupa
La polémica también alcanza a quienes participaron en la subasta. Según la SAE, entre los oferentes estaban la Asociación de Desplazados de Granada Meta, Inversiones & Reservas S.A.S., Legal Consultant Associates y Ticket Fast.
Sin embargo, varias de estas entidades presentan inconsistencias financieras y jurídicas: una de ellas no tiene capacidad económica comprobada, otra estuvo en liquidación, y la ONG participante niega siquiera conocer el predio.
Pese a las alertas, Eduardo Olea, directivo del grupo CLK, defendió la legalidad de la compra. “La SAE, la Alcaldía y todas las entidades actuaron dentro del marco de la ley. Y si se llegara a fallar en contra, existe el mecanismo del Frisco, que respondería por los bienes ya adjudicados”, señaló.
Sin embargo, para Arango Duque, el daño ya está hecho. “Estoy quebrado, y el Estado puede terminar aún más golpeado si se confirma que se vulneraron procedimientos y se generó un detrimento patrimonial. Lo que está en juego no es solo una arena, sino la confianza en las instituciones”, concluyó.
También pueden leer: Mucho cuidado conductores: Habrá cierres viales este domingo en Medellín
Mucho cuidado conductores: Habrá cierres viales este domingo en Medellín https://t.co/5JTjYuNn3Y
— http://www.elmetro.co (@ElmetroCo) July 26, 2025
