La Corte Constitucional exhortó al Gobierno y a la Registraduría Nacional que en un término de seis meses debe incluir en cédulas de ciudadanía el género «no binario», para aquellas personas que no se identifican como hombres o mujeres.
En la sentencia de la Corte expresaron que «En conjunto, dispongan todo lo necesario para la puesta en marcha de este esquema de identificación, de modo que las personas no binarias que cumplan los demás requisitos previstos en relación con la corrección del componente sexo, puedan optar por esa categoría, con las mismas garantías de quienes se identifican oficialmente en forma binaria».
Esta decisión fue tomada, gracias a la tutela que presentó Dani García Pulgarín en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Notaría Novena de Medellín, entidades que habrían comprometido sus derechos a la dignidad humana, a la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de conciencia, porque le negaron el cambio de su nombre por segunda vez y no modificaron, en sus documentos de identidad, el componente sexo en una categoría distinta a masculino o femenino.
Además, la Corte ordenó al Congreso de la República para que, en el término de dos años, regule todos aquellos derechos, obligaciones y servicios que encuentran en el sexo o en el género, un criterio de asignación.
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