La indignación en Antioquia no es gratuita. El brutal asesinato del periodista Mateo Pérez no solo es un ataque a la libertad de prensa, sino el síntoma de una enfermedad institucional que parece no tener cura en el corto plazo.
Lo más alarmante no es solo el crimen, sino la respuesta del Gobierno Petro: ante el luto de un gremio y de una región, la estrategia ha sido elevar a 29 de los más peligrosos criminales al estatus de «gestores de paz», y esta vez del grupo criminal «Clan del Golfo».
La ironía del «Gestor»
Es necesario ponerle nombre propio a la tragedia. Mateo Pérez fue asesinado en territorio antioqueño y las sospechas recaen sobre alias ‘Calarcá’.
Es vital aclarar que este individuo no es una pieza más del tablero del narcotráfico tradicional, sino un cabecilla de las disidencias del frente 36 de las FARC.
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Resulta un insulto a la lógica y a las víctimas que, mientras la sangre de un comunicador sigue fresca, el Estado insista en otorgar salvoconductos y títulos de pacificación a quienes han hecho del fusil su única ley.
Si el premio a la violencia es la «gestoría», ¿qué incentivo queda para la legalidad?
La radiografía del horror: Cifras que no se pueden ocultar
Los defensores de la «Paz Total» se quedan sin argumentos ante la frialdad de los datos en lo que va de este 2026:
– 57 líderes asesinados en 4 meses: 14 vidas segadas cada mes. Uno cada dos días.
– 51 masacres: Tres episodios de sangre colectiva por semana.
– Ataque a la institucionalidad: Al vacío dejado por Mateo Pérez se suma el asesinato de la presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca.
Estos no son «grandes resultados». Son las huellas de un Estado que parece haber cedido el control territorial a cambio de mesas de diálogo que, en la práctica, son monólogos de impunidad.
El retorno del caos urbano
Pero la amenaza no se queda en las montañas. Los reportes de inteligencia encienden alarmas en las ciudades: la «Primera Línea» ha reaparecido en la ciudad de Bogotá.
Con un discurso de sabotaje al sistema de transporte masivo Transmilenio —incitando al no pago y al ataque directo a funcionarios y estaciones— parece estarse cocinando un nuevo estallido.
¿Es esto una coincidencia o una estrategia de presión?
Las fuentes de inteligencia sugieren algo mucho más oscuro: ataques coordinados por milicianos reclutadores, infiltrados en centros universitarios públicos, los mismos que jugaron un papel clave en el violento estallido de 2021.
La pregunta queda en el aire: ¿Se están preparando «cuerpos de reacción» en caso de que el proyecto político actual no gane la Presidencia?
Sigamos así. Sigamos eligiendo lo mismo si lo que queremos es un país donde el periodista es silenciado y el miliciano es premiado.
Mientras el Gobierno Nacional no entienda que la paz se construye con justicia y no con concesiones a ciegas, seguiremos contando masacres y líderes caídos.
