El pasado 24 de enero la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión del canciller colombiano Álvaro Leyva Durán por tres meses tras «hacer incurrido en dos faltas disciplinarias gravísimas» en la contratación del tramite de los pasaportes. Sin embargo continúa en su cargo y ejerciendo sus funciones.
El ministerio público informó sobre las infracciones cometidas por el ministro, al mismo tiempo que puso en conocimiento del gobierno la suspensión de su cargo con el objetivo que pueda ejercer de manera adecuada su derecho a la defensa.
El día de ayer, 29 de enero, fue notificada la Presidencia de la República sobre la suspensión de Leyva Durán con el fin de hacer efectiva la sanción temporal, sin embargo, esta mañana el ministro se encontraba en su despacho ejerciendo sus labores como canciller de la República.
Uno de los documentos firmados es una respuesta a una proposición enviada a la Cámara de Representantes donde contesta una serie de inquietudes del representante Edison Vladimir Olaya y radicada en horas de la mañana en el Congreso.
Cuando se conoció la suspensión del canciller, el presidente Gustavo Petro manifestó su inconformidad y afirmó que la suspensión se dio porque Leyva Durán había frenado el cartel de la contratación de los pasaportes, a pesar de que la argumentación de la suspensión esta plasmada en 19 páginas emitidas por la Procuraduría.
Al canciller lo suspenden porque fue capaz de frenar un cartel de la contratación. Una sola empresa.privada , cuyos propietatios fueron cuestionados legalmente, maneja pasaportes, elecciones, migración y pejes.
La misma empresa cuyo software de escrutinios electorales fue…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2024
Esto ha puesto en tela de juicio de si la Presidencia hará cumplir o no la determinación de impuesta por la Procuraduría, y muchos han cuestionado si Gustavo Petro esta dispuesto a cumplir con la constitución y la ley, lo que juró hacer cuando se posesionó.
Vale la pena recordar que desde que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá de ha opuesto a las determinaciones de la Procuraduría luego de la misma entidad lo destituyera de su cargo por cuenta de los escándalos por la compra de unos camiones de basura y que generaron una crisis en la ciudad.
Luego de ese incidente el actual presidente de la República pidió medidas cautelares en la CDIH y regresó a su puesto, con el argumento que los cargos de elección popular no estaban bajo la sanción de la Procuraduría.
