En una movida que ha generado controversia y fuertes críticas, Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, reanudó el envío de ciudadanos venezolanos a El Salvador, específicamente al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad.
Esta acción se produce a pesar de las órdenes explícitas de dos cortes federales que habían dictaminado la suspensión de estas expulsiones.
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El anuncio del nuevo traslado fue realizado este lunes por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien a través de su cuenta en la red social X, informó sobre una «exitosa operación de contraterrorismo» conjunta con El Salvador. Rubio afirmó que un grupo de 17 «violentos criminales» pertenecientes presuntamente a las organizaciones transnacionales Tren de Aragua y MS-13, incluyendo «asesinos y violadores», fueron transferidos en la noche del domingo. Si bien Rubio no especificó cuántos de los individuos eran de nacionalidad venezolana, la información se enmarca en una serie de deportaciones previas de ciudadanos de ese país hacia el mismo destino.
Tal como ocurrió con los envíos realizados a mediados de marzo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no dudó en utilizar sus redes sociales para difundir un video del arribo de los extranjeros. En las imágenes se observa a los hombres con la cabeza rapada y semblante sombrío, siendo trasladados en autobuses hacia el Cecot y posteriormente conducidos encorvados por funcionarios salvadoreños hacia sus celdas. Al igual que en ocasiones anteriores, la propaganda gubernamental omitió las identidades de los expulsados, impidiendo discernir entre venezolanos y salvadoreños.
Desacato a las Órdenes Judiciales y Controversia Legal
La reanudación de estas expulsiones se produce en flagrante desacato a las decisiones judiciales emitidas por el juez de distrito de DC James Boasberg y la Corte de Apelaciones del mismo distrito. Ambas instancias judiciales habían prohibido al gobierno de Trump deportar a nuevos inmigrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley ha sido objeto de críticas por privar a los señalados como presuntos miembros del Tren de Aragua del debido proceso para refutar las acusaciones de pertenencia a la banda.
En una clara muestra de desafío a las decisiones judiciales, el gobierno de Trump solicitó el pasado viernes a la Corte Suprema que levante las prohibiciones, en lo que se percibe como un intento por consolidar su poder ejecutivo en materia migratoria. Hasta el momento, el máximo tribunal no ha emitido un fallo al respecto.
Venezuela Denuncia «Secuestro» y Cuestiona Identificación de Miembros del Tren de Aragua
Desde Caracas, el régimen de Nicolás Maduro ha manifestado su enérgico rechazo a estos traslados, calificándolos como un «secuestro» de ciudadanos venezolanos. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha insistido en que, a pesar de los vuelos de deportados que han llegado a Venezuela desde Estados Unidos, hasta el momento no se ha identificado a ningún miembro de la banda Tren de Aragua entre los retornados.
Este domingo, al recibir el tercer avión con deportados en una semana, Cabello señaló que el flujo de vuelos debería aumentar y reconoció la llegada del primer miembro de una banda criminal, aunque no del Tren de Aragua.
Acusaciones Basadas en Tatuajes y Falta de Evidencia Concreta
La preocupación por el trato que están recibiendo los venezolanos deportados se suma a las denuncias de organizaciones y abogados que señalan que la identificación de presuntos miembros del Tren de Aragua se estaría basando principalmente en la presencia de tatuajes. Se han reportado casos de personas con tatuajes comunes, como rosas, relojes o calaveras, e incluso diseños como aguacates o querubines, que han sido catalogadas como pandilleros.
Las familias de los deportados, quienes los han reconocido en las imágenes difundidas, aseguran que sus seres queridos no tienen vínculos con la organización criminal.
Si bien la subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha defendido las investigaciones del gobierno, asegurando que van más allá de los tatuajes, hasta el momento no se ha presentado una estructura operativa del Tren de Aragua en territorio estadounidense ni evidencias concretas que vinculen a los deportados con dicha organización.
Organizaciones de Derechos Civiles Exigen Debido Proceso
Diversas organizaciones de derechos civiles han coincidido con la postura del juez Boasberg, insistiendo en que los venezolanos deben tener la oportunidad de conocer las pruebas en su contra, revisar la evidencia y defenderse de la etiqueta impuesta por Estados Unidos en un tribunal.
La decisión del gobierno de Trump de desafiar las órdenes judiciales y continuar con las deportaciones genera serias interrogantes sobre el respeto al debido proceso y la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros en casos de inmigración. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta situación, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema que podría sentar un precedente importante en la política migratoria estadounidense y sus implicaciones para los ciudadanos venezolanos.
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