Colombia enfrenta el nivel de endeudamiento más alto de su historia. De acuerdo con cifras oficiales a corte de agosto, la deuda total del país superó los $1.000 billones, equivalente al 61% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que ha encendido las alarmas entre analistas económicos y organismos de control fiscal.
Desde noviembre del año pasado, los pasivos nacionales sobrepasaron por primera vez la barrera del billón de billones de pesos, reflejando el crecimiento acelerado del endeudamiento durante los últimos tres años.
En ese periodo, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, la deuda total aumentó 37,4%, pasando de $804,9 billones en 2022 a $1.105 billones en 2025, según los reportes del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
El incremento se explica principalmente por el crecimiento de la deuda interna, que se disparó 62,4% en el mismo lapso.
Actualmente, por cada $100 que produce la economía colombiana, $61 se destinan al pago de deuda, una carga que limita el margen fiscal del Gobierno para invertir en programas sociales y de infraestructura.
A esto se suma que el déficit fiscal nacional se proyecta por encima del 7% del PIB, una cifra que preocupa al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
El organismo advirtió que uno de cada tres pesos recaudados por impuestos se usa para pagar deuda, y que de mantenerse la tendencia, la deuda neta podría alcanzar el 64,4% del PIB en 2027, acercándose peligrosamente al límite legal del 71%.
El Gobierno de Petro, por su parte, atribuye parte de la situación a la administración anterior.
Según el Ejecutivo, el expresidente Iván Duque dejó “la olla raspada” debido al endeudamiento derivado del manejo de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, distintos expertos sostienen que el actual gobierno no aplicó la austeridad fiscal necesaria, manteniendo un gasto público en aumento y asumiendo nuevas obligaciones en un contexto de tasas de interés elevadas.
En medio de este panorama, el Ministerio de Hacienda adelanta “la operación de manejo de deuda más grande en la historia del país”, por un valor de $40 billones, con el propósito de aliviar los vencimientos más inmediatos.
No obstante, esta medida conlleva un alto riesgo cambiario y ha sido criticada por no haber sido consultada previamente con el Congreso de la República.
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