Un nuevo escándalo sacude al programa de gestores educativos financiado con recursos del Presupuesto Participativo (PP) en Medellín. La denuncia pública de un trabajador social destapó lo que podría ser una red de presuntas irregularidades en la contratación de jóvenes que acompañan a estudiantes de instituciones distritales como el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor.
José David Medina, quien fue gestor educativo entre abril y noviembre de 2025, aseguró a El Colombiano que el coordinador del programa en la comuna 7, Hugo Alejandro Barrera Gómez, le habría solicitado $200.000 mensuales a cambio de garantizarle la renovación de su contrato en el Colegio Mayor.
Según su relato, tras presentar las pruebas de selección y quedar a la espera de resultados, Barrera le indicó que no había sido elegido, pero que la decisión podía “cambiar” si accedía al pago.
Días después, Medina recibió un correo oficial informándole que sí había sido seleccionado. Aunque inicialmente aceptó la propuesta por necesidad económica, decidió denunciar públicamente lo ocurrido al considerar que estaba frente a una posible red de corrupción.
La situación no sería aislada. Este mismo diario nacional conoció al menos cuatro quejas adicionales relacionadas con presuntos cobros de entre $150.000 y $200.000 para asegurar contratos, así como denuncias sobre falta de transparencia en los procesos de evaluación.
También circuló un audio en el que, supuestamente, se anticipaban temas y preguntas del examen de selección.
Otros testimonios advierten sobre presiones políticas. Según Medina y otras fuentes, algunos gestores habrían sido incluidos en un grupo denominado “política 2025”, en el que se promovía la recolección de firmas y actividades proselitistas en favor del precandidato presidencial Aníbal Gaviria.
La campaña reconoció que Barrera colaboraba como voluntario, pero aseguró que no tenía funciones directivas y confirmó su renuncia tras el escándalo.
Barrera negó las acusaciones a través de su abogado y anunció acciones legales por injuria y calumnia. Además, junto con otras personas, interpuso una denuncia contra Medina. La Junta Administradora Local de la comuna 7 también rechazó los señalamientos.
Por su parte, la Alcaldía de Medellín informó que trasladó el caso a la Fiscalía, mientras que el Colegio Mayor anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones.
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