El proyecto de construcción de vías 4G en Antioquia ha sido escenario de diversos debates y polémicas a lo largo del tiempo. Sin embargo, ahora la atención se centra en un nuevo frente de discusión: las donaciones de algunos congresistas a la colecta de fondos liderada por la Gobernación de Antioquia, conocida como la ‘Vaca’.
Ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda de pérdida de investidura contra un grupo de congresistas que han hecho públicos sus aportes a esta colecta.
Entre los demandados se encuentran los senadores Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra y María Fernanda Cabal, así como los representantes a la Cámara Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado.
La mayoría de los congresistas demandados tienen afiliación con la bancada antioqueña o el partido político Centro Democrático, con la excepción del representante Peinado, perteneciente al liberalismo.
El abogado demandante, Carlos Mario Patiño, argumenta que según el decreto de la Gobernación que regula la ‘vaca’, esta se realiza mediante donaciones, las cuales constituyen un contrato con la entidad pública. En este sentido, los congresistas estarían realizando a título personal donaciones a una entidad pública, lo que podría interpretarse como un contrato estatal.
La demanda, presentada ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, se basa en la presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Constitución Política. Específicamente, se refiere al artículo 180, numeral 2, que prohíbe a los congresistas gestionar asuntos ante entidades públicas en nombre propio.
El documento presentado ante el Consejo de Estado detalla los aportes realizados por los congresistas demandados, tomando como referencia los comprobantes de consignación compartidos en redes sociales. Cada uno de ellos habría realizado donaciones de un millón de pesos, exceptuando al senador Uribe, quien habría donado un millón quinientos mil pesos.
La demanda argumenta que la celebración de contratos de donación con la Gobernación de Antioquia, entidad pública, podría constituir una causal de pérdida de investidura para los congresistas implicados.
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El artículo 180 constitucional establece las prohibiciones para los congresistas, específicamente en el numeral 2, prohibe la realización de *contrato alguno* pic.twitter.com/XijlEgY5fs
— Carlos Mario Patiño G. (@carlosmpat) April 1, 2024
