La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, tras la denuncia de Sara Morales, víctima de reclutamiento forzado por parte de las extintas Farc-EP.
Morales, quien dirige la Corporación Rosa Blanca y es víctima acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aseguró que Ramírez le sugirió aumentar su esquema de seguridad, lo que interpretó como una amenaza.
La denuncia fue presentada ante el magistrado Héctor Alarcón, y según Morales, está relacionada con sus recientes declaraciones sobre las condiciones en las filas de la guerrilla.
En respuesta, la Federación de Víctimas de las Farc pidió a la JEP que incluya a Ramírez en el caso sobre reclutamiento de menores, señalando su presunto conocimiento de órdenes impartidas en la guerrilla.
La Corte Suprema deberá determinar si las palabras de la senadora constituyeron una amenaza o una advertencia legítima.
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