La confesión de María Alejandra Benavides ante la Fiscalía ha desatado una tormenta política al involucrar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en un presunto esquema de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Las revelaciones apuntan a la aprobación irregular de un presupuesto de casi 100.000 millones de pesos destinado a obras en Cotorra, Saravena y El Carmen, supuestamente para prevenir desastres climáticos en 2024.
Según Benavides, quien era asesora del ministro, estos contratos fueron utilizados como moneda de cambio para asegurar el apoyo de congresistas clave en la aprobación de un cupo de endeudamiento en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La trama involucra también a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD; Jaime Ramírez, enlace entre Presidencia y el Congreso; y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, cuyas declaraciones han sacudido los cimientos del Gobierno.
Inicialmente, Benavides optó por el silencio tras su primera comparecencia ante la Fiscalía. Sin embargo, amenazas de muerte dirigidas a su familia y su abogado marcaron un punto de inflexión, llevándola a colaborar con las autoridades.
En sus declaraciones, aseguró que Bonilla utilizó su posición para presionar y cumplir objetivos “que iban más allá de lo ético o legal”.
El escándalo ya ha cobrado su primera víctima con la imputación de Sandra Ortiz, exfuncionaria de la UNGRD, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones.
Ante el aumento de las sospechas, Bonilla designó un ministro ad hoc para atender los asuntos relacionados con las pesquisas, en un intento por evitar conflictos de interés. Sin embargo, esta medida no ha logrado calmar las críticas ni las exigencias de renuncia que ahora pesan sobre él.
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