Dos casos de violencia extrema contra líderes de la comunidad LGBTIQ+ en Antioquia concluyeron en condenas judiciales.
Los responsables de los homicidios de los activistas Mateo Jaramillo y Karis Saldarriaga fueron sentenciados a penas que oscilan entre 12 y 16 años de prisión, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.
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El crimen que conmocionó a Medellín ocurrió el 17 de enero de 2024, cuando el profesor universitario y defensor de los derechos LGBTIQ+, Mateo Jaramillo, fue encontrado sin vida en su vivienda. Su cuerpo estaba atado de pies y manos, y presentaba signos de asfixia. Según la investigación, Daniel González y Yoimar Blandón entraron al domicilio con el propósito de hurtar pertenencias de valor, como el celular y tarjetas bancarias. Durante el robo, golpearon y asesinaron al docente.
Gracias al rastreo de movimientos realizados con las tarjetas bancarias robadas, las autoridades lograron identificar y capturar a los responsables. Ambos aceptaron cargos mediante preacuerdos con la Fiscalía y fueron condenados a 16 años de prisión por el delito de homicidio agravado. No obstante, aún están siendo investigados por hurto calificado.
Este no fue el único caso que evidenció la violencia que enfrentan líderes LGBTIQ+ en la región. En el municipio de Caldas, Diego Becerra fue condenado a 12 años de prisión por el asesinato del activista Karis Saldarriaga, ocurrido el 20 de octubre de 2023. De acuerdo con el informe judicial, Becerra se encontraba en la residencia de la víctima y, tras una discusión, lo atacó con un arma blanca, causándole la muerte en el lugar.
Estos dos homicidios han encendido las alarmas en los sectores sociales y defensores de derechos humanos, quienes han exigido acciones más contundentes para proteger a las personas LGBTIQ+ en Antioquia y el país.
“Estos crímenes no solo representan una tragedia individual, sino que son un reflejo de las amenazas constantes que enfrenta la población diversa en Colombia. Se requiere un enfoque estructural para garantizar justicia y no repetición”, manifestó un vocero de una organización local de derechos humanos.
La Fiscalía continúa investigando los móviles y posibles agravantes en ambos casos, mientras distintos colectivos sociales reclaman garantías efectivas de protección para líderes sociales y comunitarios en el país.
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— http://www.elmetro.co (@ElmetroCo) June 30, 2025
