El Consejo Nacional Electoral (CNE) radicó una ponencia que busca ratificar las sanciones y multas impuestas a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por la presunta violación de los topes de financiación electoral durante la primera y segunda vuelta presidencial.
La decisión se conoce a una semana de que la Fiscalía anuncie la imputación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Exceso en los topes de financiación
Según los hallazgos del CNE, la campaña habría superado los límites permitidos de gastos electorales en $3.700 millones en primera vuelta y $1.600 millones en segunda vuelta.
El magistrado Benjamín Ortiz propuso negar los recursos de apelación presentados por los sancionados y ratificar las multas contra Roa y otros directivos de la campaña.
Tras conocerse la ponencia, el presidente Gustavo Petro reaccionó en redes sociales y defendió la legalidad de su campaña.
“Mi campaña no violó topes electorales. No es la oposición, mayoría en el CNE, quien puede juzgarnos”, afirmó el mandatario.
Multas a directivos de la campaña
Además de Roa, el CNE sancionó a Lucy Aydee Mogollón, tesorera de la campaña, y a Mary Lucy Soto, auditora general.
Cada uno deberá enfrentar multas que superan los $2.000 millones por financiación irregular y otros $2.000 millones por violación de topes electorales durante la primera vuelta presidencial.
Argumentos rechazados por el CNE
Las defensas de Roa y Soto argumentaron que el CNE no tendría competencia para investigar y sancionar irregularidades relacionadas con la financiación de campañas presidenciales.
Sin embargo, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada desestimaron estos planteamientos, lo que dejó en firme la ponencia que busca confirmar las sanciones.
Antecedentes del caso
Las sanciones contra la campaña Petro Presidente fueron aprobadas por el CNE en noviembre de 2025 con una votación de 6 a 3.
El organismo concluyó que la campaña incurrió en varias irregularidades, entre ellas financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable.
Entre los aportes cuestionados se encuentran $500 millones provenientes de Fecode, ingresados a través del movimiento Colombia Humana, y contribuciones de la Unión Sindical Obrera (USO) destinadas a transporte y logística que no habrían sido reportadas.
El CNE también señaló pagos no declarados, como gastos para el cierre de campaña en el Movistar Arena en junio de 2022, en los que presuntamente participó la empresa ServiRed S.A.S.
El caso es considerado histórico, ya que sería la primera vez que el organismo electoral sanciona a una campaña presidencial en Colombia por superar los topes de financiación.
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